Por Rubén Darío Zapata
Imagen tomada de Cuestión Pública
Se acercan las elecciones para mandatarios locales y regionales. Y Andrés Escobar ha confirmado su candidatura, con el respaldo del Centro Democrático, para el Concejo de Cali. Escobar se hizo célebre por encabezar un grupo de civiles que el 28 de mayo de 2021 disparó contra una multitud de manifestantes en Ciudad Jardín, uno de los barrios de la “gente bien” de Cali, resguardados por la Policía, que los veía disparar como si estuvieran en un campo de batalla y los cubría cuando tenían que recargar sus armas. Al parecer, el escándalo tiene al supuesto empresario caleño más cerca del Concejo Municipal que de la cárcel.
Después de que las imágenes circularan por redes sociales él mismo gravó varios videos que rotó prolijamente, justificando su accionar, supuestamente en defensa de los comerciantes, empresarios y “gente bien” de Ciudad Jardín. Desde entonces el número de seguidores en las redes de este personaje ha crecido exponencialmente, hasta el punto que él mismo asegura hoy que su candidatura nada tiene que ver con aspiraciones personales, sino que la asume en representación de muchos sectores sociales que se lo han pedido. El portal Infoabe lo cita textualmente: “Nosotros vamos por el partido Centro Democrático, cabe mencionar que esto no es una aspiración personal, estoy atendiendo el llamado de diferentes sectores de la ciudadanía que han solicitado una representación por parte de una candidatura mía, para abordar temas tan críticos como están sucediendo en Cali que son los índices altos de violencia, de inseguridad”.
¿Por qué no está preso?
Parecería difícil alegar que no hay delito en las acciones de Andrés Escobar. No solo todo el mundo lo vio en los videos que circularon en redes sociales, sino que él mismo lo confirmó a través de los videos personales que publicó y las entrevistas que concedió. Así que la pregunta que a uno le surge es por qué, casi dos años después de los sucesos, no solo sigue libre, sino que funge como una figura pública que incluso aspira a un cargo en el Concejo de Cali, sin disimular siquiera que su verdadera aspiración es la alcaldía.
Cierto que, en enero de 2022, la Fiscalía le imputó cargos a Andrés Escobar junto con los civiles que dispararon ese 28 de mayo y los policías que los cubrieron. Pero la imputación fue por delitos menores: usurpación a funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravadas. ¿Acaso disparar contra la multitud no es un intento de homicidio múltiple? No hay que olvidar que ese día fueron asesinadas 14 personas que participaban de las manifestaciones en Cali. Andrés Escobar alega que sus armas no eran de fuego, sino traumáticas. Pero olvida que las armas traumáticas también matan.
El caso es que la imputación de cargos contra Andrés Escobar parece haber sido más bien un acto simbólico antes que una acción orientada a la realización de la justicia. La vida del empresario, y ahora político, caleño no se alteró para nada. De hecho, pocos días después de la imputación Escobar viajó a Estados Unidos, donde, al parecer, pretendía refugiarse. Y aunque las autoridades norteamericanas lo deportaron, la Fiscalía no tomó nota del asunto y, por eso, Escobar hoy se mueve libremente en la arena política caleña.
De criminal a héroe
Desde el principio, la figura de Andrés Escobar empuñando su arma y disparando contra la multitud al lado de otros civiles, ante la mirada cómplice de la Policía, se hizo popular y fue celebrada por los sectores de ultraderecha del país. Pocos días después de los acontecimientos se le vio en un acto público, al lado de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien le brindó su respaldo y legitimó sus acciones. A los ojos de esta senadora y de buena parte de su partido, Escobar no es un criminal sino un héroe. Así lo ha hecho saber en un comentario de twitter, en el que respondía a los cuestionamientos de una periodista caleña ante la candidatura de Escobar: “Por un barrio lleno de familias y locales comerciales, protegido por policías a quienes les quemaron el CAI e hirieron con armas de fuego como se ve en los cientos de videos que pronto publicaremos. Andrés es un héroe perseguido por la izquierda criminal”.
Una tragedia bien planificada
El 28 de mayo de 2021, durante las protestas contra la reforma tributaria del gobierno Duque, fueron asesinados 14 manifestantes en Cali y el terror se apoderó de la ciudad durante toda la tarde y la noche. Los resultados arrojados recientemente por las investigaciones judiciales dejan claro que no se trató de la acción espontánea de unos “ciudadanos de bien”, que reaccionaban para defender sus barrios y que las armas disparadas ese día no eran traumáticas, como asegura Escobar. El asunto fue bien planificado y dos de los artífices de esta planeación han sido recientemente capturados: se trata de dos civiles caleños que traficaron las armas con algunos integrantes del Ejército nacional para dotar a un grupo de civiles con la misión de disparar contra los manifestantes y disuadir definitivamente la protesta. La pretensión de estas personas, hasta cierto punto lograda, era organizar un grupo de autodefensas que frenara el ambiente de manifestaciones sostenido en Cali.
Solo un ejemplo
El caso de Andrés Escobar, hoy aspirante al Concejo Municipal de Cali, a pesar del (o gracias al) escándalo que lo rodea, es apenas uno de los ejemplos de cómo la justicia en Colombia es selectiva y hay grupos sociales e individuos exentos de ella. Tal vez el caso más emblemático hoy es el del hermano del expresidente Uribe, Santiago Uribe. Acusado de haber sido el fundador del grupo paramilitar autodenominado los 12 Apóstoles, que operó en el norte de Antioquia, su audiencia culminó hace ya más de dos años, después de que la Fiscalía presentara un cúmulo de pruebas y testimonios suficientes para condenarlo, sin que al día de hoy el juez del caso haya decidido la sentencia. Eso sin contar que el proceso contra Uribe demoró 26 años.
El juez se ha justificado frente a los reclamos de las víctimas argumentando que el expediente es muy voluminoso y por tanto la decisión muy compleja. El caso es que, mientras estuvo detenido, Santiago Uribe más bien estuvo protegido en una guarnición militar, aunque, al parecer, el derecho se lo daba solo su apellido, pues nunca fue un funcionario público. Entre tanto, el fiscal que llevó el caso ante el juez, Carlos Iván Mejía, fue sacado de la Fiscalía el año pasado por el fiscal Barbosa.
En un ambiente tal de politización e inoperancia de la justicia, no debe sorprender que hoy un grupo de ultraderecha esté convocando por redes sociales a la toma del Palacio de Nariño, en un intento de golpe de Estado, para el 19 de abril, una fecha de mucha significación para el presidente Gustavo Petro.
El Colectivo: Comunicación Popular 