El Fraude y los corruptos

Por Anyela Heredia

Imagen tomada de elagora diario.com

Por Anyela Heredia

Es docente universitario, padre de familia de dos hijas mujeres, y ha sido testigo en el último tiempo del revuelo que ha causado la revelación de las universidades públicas colombianas como escenarios donde, aparte de producir conocimiento y generar pensamiento crítico, se despliegan múltiples formas de acoso y violencia en contra de las mujeres.

Son las 10 de la mañana, hora de la habitual reunión de profesores. En la sala se respira un ambiente de tensión, comentarios en voz baja, rostros de expectativa y hasta un leve tono de solemnidad en la voz del Jefe, pues en esta ocasión la reunión gira en torno a un caso de supuesto fraude cometido por una estudiante.

La conoce, ha sido su estudiante en semestres anteriores, una estudiante promedio, que sobresale solo por sus reiteradas ausencias. Se dice que falsificó una excusa médica para presentar un examen. Algo muy común en tiempos pospandemia, cuando ya no se dan por válidos otros tipos de excusas. La comunidad de profesores está dividida entre quienes quieren un castigo ejemplar que envíe un mensaje claro a los corruptos y amenace denunciar a la estudiante ante la justicia por falsificación de documento, y quienes apelan a la humanidad, a indagar primero acerca de la situación personal de la estudiante y tratar de comprender el porqué de sus actos.

Como padre de familia, es eso lo que desearía para su hija: una institución sensible a los dramas humanos, una que se pregunte por las causas estructurales que llevan a que los estudiantes no le encuentren sentido a las normas y a las formas tradicionales de enseñar y de tramitar conflictos. Como profe, teme que, si no se sanciona esta conducta, habrá cada vez más estudiantes tentados a cometer fraude para evadir sus responsabilidades.

Escucha con atención los argumentos de unos y de otros, la Directora de la institución insta a su comunidad a analizar el fenómeno social; desconoce el caso particular de la estudiante, pero entiende que no es la única y pretende garantizar el debido proceso antes de tomar una decisión apresurada. Finalmente, abandona la sala con la esperanza de que los profesionales a su cargo lleguen a un acuerdo que privilegie el bienestar de la muchacha, antes que el ansia de castigo.

El Profe se siente cada vez más incómodo con el tono que va adquiriendo la reunión.

– Es necesario tomar una decisión ya –asegura su jefe inmediato-, pues de lo contrario serán otras instancias las que decidan.

Entonces, sin otra salida, el Profe recurre a la norma:

– ¿Dónde dice que tenemos que tomar esa decisión hoy, así a quemarropa? Los docentes no somos los llamados a tomar ese tipo de decisiones porque no tenemos suficiente información, ni la formación para ello. Como en otras instituciones, deberíamos permitir que el área de bienestar haga su trabajo primero y luego, con suficiente conocimiento del caso, un comité designado para tal fin lo atienda y tome las medidas pertinentes.

Tras una media hora de discusión, al Jefe le parece que ya ha habido suficiente debate y presiona al cuerpo de profesores en pleno a tomar una decisión por votación, saltándose todo cuanto exige la aplicación de un debido proceso: notificar a la estudiante de que se ha dado inicio a un proceso disciplinario; desarrollar la investigación pertinente y, a partir de allí, establecer la gravedad de la falta; escuchar primero a las partes, siempre garantizando el principio de presunción de inocencia… etc. En su opinión, no es necesario llamar a descargos a la estudiante.

– Ya se corroboró que la incapacidad presentada no fue expedida por la EPS, lo que evidencia un caso típico de fraude. Puede decir lo que quiera, pero ¿qué hacemos, le damos la razón cuando las pruebas son contundentes? La llamaremos para notificarle la decisión que tomemos. Tal cual lo dice el reglamento.

Así las cosas, los profes deciden aplicar la máxima sanción a la estudiante, la exmatriculación inmediata.

Finalmente, los profesionales del departamento de bienestar de la Universidad, notificados del caso, hacen su trabajo: deciden apelar la decisión de los profes y recomiendan darle un tratamiento no punitivo a la estudiante, ya que se han enterado de que esta se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad, piden un tiempo prudente para garantizarle a ella un acompañamiento oportuno.

Pasada una semana, llega de nuevo la reunión. El Jefe expone de nuevo el caso e informa que la estudiante (citada solo ante él) admitió haber cometido el fraude, lo que convierte el asunto en un caso cerrado. No escucha los argumentos respecto a que la desescolarización de la joven, que atraviesa un episodio grave de depresión, motivado por una situación familiar de alta peligrosidad, podría empeorar su estado de salud. Y termina imponiendo su voluntad esgrimiendo como único argumento la norma contenida en el reglamento estudiantil, según la cual, asegura, solo se cuenta con una semana para tramitar una falta grave y presiona para que se realice una nueva votación.

El Profe, luego de escuchar la sentencia, acude al sentido de responsabilidad de sus compañeros, y pide que se declaren impedidos para tomar esa decisión. No dice que el comportamiento de la estudiante no deba sancionarse, pero sí es preciso aplazar la toma de decisiones para garantizar una intervención centrada en el cuidado y la estabilidad emocional de la muchacha. Además, cuentan con el apoyo decidido de la Directora, quien está dispuesta a sacrificar el cumplimiento estricto de la norma en pro del bienestar de los estudiantes.

Pero es entonces cuando se hace evidente que el problema del Jefe es personal:

– Si la señora Directora es capaz de saltarse las normas de la institución, yo no, esta decisión se toma hoy, porque no estoy dispuesto a arriesgar mi puesto por no hacer mi trabajo.

¿Ese es su trabajo?, se pregunta el Profe. ¿Quién lo presiona, cuando incluso la máxima autoridad académica en la Universidad pide que se le dé un tratamiento distinto a la situación?

Lo malo es que nadie, excepto el Jefe, parece haber leído el mentado reglamento. Los profes están aturdidos por la gravedad de los argumentos y por su incapacidad para cuestionar la norma y manifestarse en contra de su jefe inmediato, quien hasta último momento se muestra implacable:

-Si algún profesor desea abstenerse de votar, es libre de hacerlo. Que quede en el acta.

Entonces los profes terminan decidiéndose esta vez por un castigo menos grave: la matrícula condicional.

Desconocen que el Jefe ha acudido ya a instancias más altas y ha expuesto a la Directora como una persona incapaz e inconsecuente que fomenta el desorden administrativo y se salta las normas.

A la semana siguiente, el Profe se entera de que la Directora ha sido despedida, el Jefe mismo es quien le comunica, con aire de satisfacción, que, después de haber expuesto el caso ante expertos, el dictamen fue contundente: “Su jefa es una corrupta”.

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