Editorial No 80: ¡A exigir y defender las reformas necesarias!

Portada: Sin título – Jeison Castillo (Colombia)

Entre las banderas agitadas por el presidente Petro en campaña, estuvieron en primera fila la Reforma Tributaria y la Reforma Agraria; eso fue lo que despertó el entusiasmo de muchos sectores de la población colombiana, históricamente oprimidos y excluidos de la riqueza, que vieron en ello de verdad un compromiso con la construcción de la justicia social en el país. Y, efectivamente, lo primero que hizo el presidente después de posesionarse fue radicar en el Congreso la Reforma Tributaria; en cuanto a la Reforma Agraria, la ministra de agricultura aseguró que no necesitaba presentar un proyecto de ley en el Congreso, porque con las normas existentes era suficiente, solo se trataba de aplicarlas bien. Pero rápidamente las esperanzas empezaron a diluirse.

En principio, el gobierno aseguró que su Reforma Tributaria buscaba recaudar 50 billones de pesos para desarrollar programas sociales que contribuyeran a superar las condiciones de miseria y pobreza de grandes grupos poblacionales y a disminuir la brecha económica y social que separa a los pobres de los ricos en Colombia, una brecha definitivamente vergonzosa e insostenible. Por ello, la reforma debía inaugurar una política de verdadera redistribución de la riqueza en el país, donde los ricos y poderosos financiaran con sus recursos, a través del fisco, la construcción de una infraestructura económica y social que le garantizara a los pobres y marginados condiciones para salir de su pobreza y marginalidad, y poder, a partir de entonces, valerse por sus propios medios. Pero los ricos y poderosos en Colombia no quieren ceder nada de sus privilegios y no han encontrado tampoco en Petro un gobierno que los presione realmente para ello. En medio de las negociaciones, la meta tributaria por año del gobierno bajó en principio de 50 a 25 billones, después bajó a 21 billones y ahora el gobierno está haciendo fuerza para que no quede por debajo de los 20 billones.

En cuanto a la Reforma Agraria, la ministra, efectivamente, piensa aplicar algunas leyes de lo que en Colombia ha sido la Reforma Agraria, pero no de la original reforma agraria, sino de aquellos decretos posteriores que la depotenciaron. El hecho de que no considere ni por un momento la posibilidad de expropiar tierras subutilizadas de acuerdo a su vocación productiva y que haga descansar toda la reforma en la posibilidad de compra del gobierno pone serias limitaciones al proyecto. Sobre todo, cuando la misma Reforma Tributaria ha terminado reducida a un manifiesto de buenas intenciones y el gobierno enfrenta un hueco fiscal astronómico dejado por su predecesor.

La expropiación no tenía que ser la bandera de campaña de Petro, pero tampoco la línea roja que el gobierno se comprometiera a no cruzar por miedo a la resistencia de la oligarquía de este país, que ya ha demostrado con creces lo que es capaz de hacer para defender sus intereses, que ella considera intocables. Lo paradójico es que la misma legislación colombiana atinente a la Reforma Agraria considera la expropiación de la tierra improductiva o subutilizada, desde 1936. En la ley 200 de ese año, durante el gobierno de López Pumarejo, la expropiación de tierras improductivas se consideraba como la principal herramienta para la redistribución de la tierra, porque ya en esa época se identificaba que los terratenientes la usaban sobre todo para la especulación que la valorizaba y para la conservación de valor frente a las amenazas inflacionarias.

La legislación estaba allí, en sintonía con las necesidades de la población rural y con la jurisprudencia universal que legitimaba la propiedad de la tierra en su función social, es decir, que se pusiera a producir y sirviera como fuente de trabajo y subsistencia para las poblaciones rurales y como proveedora de alimentos y materias primas para impulsar la industria en las ciudades. Pero nunca se aplicó, ni siquiera después de la ley 165 (Ley de Reforma Agraria) de 1961, que confirmó la exigencia de que la propiedad de la tierra cumpliera con su función social so pena de ser expropiada para entregarla a los campesinos que estaban dispuestos a trabajarla. Y al parecer el gobierno del presidente Petro tampoco piensa aplicarla.

Más paradójico resulta reconocer que el medio principal por el que los terratenientes se han hecho dueños de grandes extensiones de tierra es el despojo o expropiación violenta a los campesinos, que después ha sido legalizada por los sucesivos gobiernos. Ya en 2005, la Contraloría General de la Nación publicaba un estudio en donde demostraba que 5.5 millones de las mejores hectáreas para la producción agrícola habían sido expropiadas de manos de los campesinos por grupos paramilitares, configurando una verdadera Contrarreforma Agraria, ante la negligencia de los gobiernos de turno para desarrollar la Reforma propuesta en 1961, la misma que fue truncada en el gobierno de Pastrana Borrero, en 1972, en un pacto secreto con los terratenientes en Chicoral, Tolima. El Estatuto de Desarrollo Rural de Uribe en 2007 pretendía precisamente legalizar esta usurpación a ojos vistas.

Renunciando, pues, a la expropiación como vía para la ejecución de Reforma Agraria, el gobierno se propuso comprar 3 millones de hectáreas de tierra (menos de los 5.5 millones robados según la Contraloría) durante su periodo, y ahora dice que si llega a 1.5 millones habrá que considerarlo una hazaña. Y buena parte de esta tierra se la piensa comprar precisamente a los miembros de la Federación Nacional de Ganaderos, quizás el gremio más implicado en el robo de tierras, a través de los paramilitares, denunciado precisamente por sus principales cabecillas. Con ello, la pobre Reforma Agraria que se realizaría podría resultar más bien como una estrategia para la legalización de este robo, con ñapa, pues los terratenientes podrían poner altos precios con la amenaza de no soltar la tierra por menos.

La caída en las expectativas de las promesas del gobierno tiene poco que ver con asuntos técnicos, como quieren hacer ver algunos analistas; son decisiones políticas emergidas de las negociaciones con los poderosos del país. De esta manera, el gobierno pretende una reforma social que resuelva los grandes problemas de injusticia social sin tocar a aquellos que la han provocado ni la estructura que la hace posible. A ese paso, la Reforma a la salud terminará siendo una negociación con las EPS y la reforma pensional una igual con los fondos privados de pensión. Hay quienes ven en estas negociaciones una alternativa interesante porque dejan ver a un presidente conciliador que busca la paz por la vía del diálogo. Pero una paz que se logra por el miedo a confrontar a los poderosos no es paz sino derrota preconcebida.

Y posiblemente el gobierno de Petro no tenga muchas alternativas a esta negociación, dadas las características de esta élite que históricamente se ha alimentado de la guerra y que no espera más que la mínima disculpa para dispararla. También es posible que, ante las dificultades manifiestas para desarrollar una reforma profunda en cuatro años, haya optado por una negociación con la élite para que lo deje gobernar con mediana tranquilidad durante estos años. Pero la lucha de los sectores oprimidos no es de cuatro años ni viene de las pasadas elecciones. Ella viene de muy lejos y su horizonte es todavía más ambicioso. Por eso habrá que salir a las calles, inundarlas con nuestro grito, para exigirle al gobierno el cumplimiento cabal de las reformas para cuya realización fue elegido y para confrontar abiertamente a las élites que pretenden que nada cambie sustancialmente. El presidente Petro tendrá que decidir cuál es legado que dejará a la historia: haber abierto el camino de la justicia social o dilapidado el potencial político que le dio el pueblo en aras de su gobernabilidad. Pero esa es su decisión y nuestra lucha no depende de ella.

Contraportada: Sin título(Tapiz tejido a mano) – Máximo Laura

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Un comentario en “Editorial No 80: ¡A exigir y defender las reformas necesarias!

  1. Nos pone a pensar si este no va a ser uno más de los gobiernos de los que se esperaba mucho, o algo, y no están quedando en nada, como López Obrador en México y Boric en Chile. ¿Será necesario buscar entonces una acción diferente y alternativa a la paupérrima democracia liberal establecida en Colombia?

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