Por Betty Ciro
Según la normatividad vigente, los rectores de los establecimientos educativos tienen, entre otras, las siguientes funciones: orientar la ejecución del proyecto institucional, orientar el proceso educativo con la ayuda del Consejo Académico, promover el proceso continuo de mejoramiento de la calidad de la educación y, por supuesto, “velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el oportuno aprovisionamiento de los recursos necesarios para su efecto”.
Aunque es bien claro que es, en los rectores, en quienes recae la responsabilidad de orientar la labor pedagógica, en muchas ocasiones esta función se ve desdibujada por la calidad académica y personal de los funcionarios nombrados en los cargos de dirección de las Instituciones Educativas. Se encuentran algunos casos en los cuales los rectores, más que pedagogos, son politiqueros nombrados para pagar votos y las consecuencias de semejante desfachatez la pagan no solo los colegios y escuelas que permanecen huérfanos de la orientación pedagógica, sino también los docentes y alumnos que sufren la persecución y el maltrato de semejantes personajes que, al parecer, “están en el lugar equivocado”.
Los colegios como empresas
Hace ya más de 20 años, en el 2001, se expidió la Ley 715 que dictó “normas orgánicas para organizar la prestación de los servicios de educación y de salud, entre otros”. En Educación, esta Ley, además de recortar el presupuesto, impuso una concepción de rentabilidad en las instituciones educativas que se iría materializando con varios decretos reglamentarios de la mencionada Ley. Uno de los primeros pasos fue permitir que distintos profesionales no pedagogos ingresaran a la carrera docente, incluyendo los puestos de dirección. La orientación fue “organizar la escuela o el colegio a manera de empresa”: que constituyan grupos de calidad, planes de mejoramiento, cumplan horario de 8 horas como cualquier otro empleado.
En esos momentos algunos rectores más papistas que el papa trataron de ir más allá de lo estipulado y se excedieron en la literalidad de las normas. En la aplicación de la ampliación de la jornada laboral desconocieron las condiciones de la profesión docente que exige una dedicación mucho más allá de las horas dedicadas en el establecimiento educativo, para desarrollar con alguna eficacia el proceso de producción del conocimiento.
De la presión ejercida por las autoridades educativas surgieron algunos rectores con posiciones de capataces controladores, no de orientadores pedagógicos o de administradores. Fue común encontrar que en algunos colegios instalaran cámaras en las salas de profesores, en los salones de clase y en todos los lugares de interacción de profesores y estudiantes con el fin de controlar cada actuación de dichos sujetos educativos.
La resistencia de docentes, estudiantes y padres de familia
Las políticas del Estado en materia educativa no pudieron ser aplicadas tal como lo desearon. La resistencia de los trabajadores de la educación, al lado de los estudiantes y padres de familia, logró frenar muchas de esas medidas, no obstante, otras sí lograron aplicarlas. Las cámaras, por ejemplo, hoy existen en algunos colegios y de ellas se valen los rectores para el control milimétrico de las actuaciones, sobre todo de los docentes.
Es así como sucede en una de las instituciones del municipio de Bello, que además de soportar el hacinamiento por el incumplimiento del contratista para la entrega de la sede principal, ahora los profesores deben enfrentar la vigilancia permanente y hasta las “pulpitiadas” por salir del salón a lavarse las manos, por ejemplo.
¡Ay mi colegio!
Es una expresión que sale de docentes que por años han prestado sus servicios en esa institución y que ahora desearían no atravesar por tan deplorables condiciones de hacinamiento, de control y, en últimas, de tal desfiguración de la práctica docente, que lo único que hace es empeorar las condiciones de salud ya bien desmejoradas por las situaciones propias vividas en su profesión: carencias económicas de sus estudiantes; excesivo número de alumnos por curso; carencia de apoyo interdisciplinario para el tratamiento de dificultades de los estudiantes; falta de dignificación de la práctica docente. A todo esto se suman las consecuencias de la pandemia que detonaron situaciones como “la exacerbación de insomnio, fatiga, crisis de ansiedad, depresión, síntomas psicosomáticos, por citar solo algunos”.
Es bien difícil entender cómo ante semejantes adversidades enfrentadas por toda la comunidad educativa, el rector desperdicia sus esfuerzos y su tiempo en hacer más deplorables las relaciones pedagógicas y humanas. En vez de aunar esfuerzos para luchar por el avance en la construcción y entrega de la planta física y por evitar incapacidades médicas de los docentes por la presión psicológica a la que están sometidos.
Un lugar común
Desafortunadamente, en Bello no solo en esta Institución se viven inconformidades por la práctica de sus rectores. También en otros tres colegios, gracias a la lucha de estudiantes y profesores lograron el traslado o la suspensión de sus rectores.
Es necesario que los agentes educativos defiendan las Instituciones Educativas como organizaciones cuya labor no es producir mercancías que generen riqueza, sino producir conocimiento que genere transformación de la sociedad. Ello se logra con la dignificación de la profesión docente, con la garantía de una vida digna para los niños y jóvenes que asisten a la educación pública, con la dotación en infraestructura y en tecnología para cada una de las sedes educativas y con unos directivos docentes formados en pedagogía y en administración educativa y no en políticas empresariales. Todo lo anterior implica un mayor presupuesto para la educación pública y ante todo una sociedad más justa, más equitativa y con mayores oportunidades para los hijos de los trabajadores y de todos los desposeídos de este país.
El Colectivo: Comunicación Popular 