El “escrache”: una forma de justicia feminista

Por Gloria Bermúdez

Ilustración: Victoria Coronado

La violencia sexual es un tipo de violencia de género que ocurre en el marco de relaciones de poder cimentadas en la estructura patriarcal que la normaliza, la silencia y la justifica. Sin embargo, en los últimos años, los movimientos de mujeres diversas y feministas como el #MeToo y el #NiUnaMenos han logrado politizar y visibilizar la existencia de la violencia sexual en los espacios laborales, escolares, políticos, culturales, etc. Precisamente, la popularización mundial del performance de “El violador en tu camino” del Colectivo Las tesis evidenció cómo las mujeres son víctimas de esta violencia de manera frecuente y cotidiana, muchas veces ante los ojos de muchas personas, sin que pase nada, y pone de manifiesto la necesidad de emprender acciones entre mujeres para defenderse frente a esta situación.

Efectivamente, estos movimientos desenmascaran al sistema judicial patriarcal que revictimiza a las pocas mujeres que se atreven a denunciar con una tortuosa tramitología burocrática, y sin el suficiente acompañamiento psicosocial, para finalmente no concluir en una sanción. Para la Corporación Sisma Mujer, del total de las denuncias de violencia sexual, solo “el 88,19% de los casos se encuentran en etapa de indagación, lo que indica un alto nivel de impunidad, pues solamente un 6,85% de casos se encuentran en juicio y tan solo un 0,13% en ejecución de penas”.

Colombia cuenta con varias leyes (Ley 360 de 1997, 906 de 2004, 1146 de 2007, 1257 de 2008 y 1719 de 2014) para prevenir, atender y sancionar la violencia sexual; sin embargo, la existencia de jurisprudencia no significa cambios en la justicia patriarcal y, mientras tanto, las mujeres siguen desprotegidas. Justamente, esta situación ha llevado a que algunas mujeres creen formas de justicia propia, alternativa a la justicia penal, para sancionar en el ámbito público la violencia sexual que sufren niñas, niños, jóvenes y mujeres en su diversidad cotidianamente. 

Es este contexto, surge el escrache como un mecanismo para denunciar los casos de violencia sexual. Este consiste en exponer en las redes sociales testimonios concretos de víctimas acosadas, maltratadas y violadas por personas en su familia, trabajo, institución educativa, organización, etc. Para algunas feministas, es una acción colectiva que permite revelar lo silenciado y lo oculto, consideran que es una forma de autodefensa y autocuidado entre mujeres, y es utilizada como última opción cuando las rutas, protocolos y la justicia formal no actúan. Esta práctica es utilizada por las víctimas que están sometidas a relaciones de poder, y, por tanto, tienen miedo de enfrentar a su victimario en los juzgados. En Colombia el escrache es permitido por la Corte Constitucional al considerar que hace parte de la libertad de información, siempre y cuando no se revelen datos privados de la persona denunciada.

El escrache es una acción realizada inicialmente por organizaciones de derechos humanos en Argentina, Uruguay, Chile, España para denunciar a los criminales de las dictaduras militares que por las leyes de perdón y olvido quedaron impunes. Es así como el escrache constituye una práctica que cuestiona al aparato judicial penal que llena las cárceles de personas pobres y racializadas, pero que no ejerce justicia cuando se trata de estos crímenes.

El escrache en redes sociales ha permitido que algunas denuncias tengan la atención de las autoridades, logrando sanciones concretas como es el caso del director de cine Harvey Weinstein en los Estados Unidos. Precisamente, el escrache abre el debate sobre el poder que tienen algunos individuos para obligar a otras a hacer y callar lo que no quieren. Al tiempo, pone de relieve la necesidad de exigir el derecho a consentir, asumir responsabilidades y tener cuidado en las relaciones sexuales y afectivas, a reivindicar el derecho a decir “no” sin que esto tenga repercusiones negativas en la vida cotidiana de las mujeres y a romper el privilegio que algunos creen tener sobre el cuerpo de las niñas, niños, jóvenes y mujeres en su diversidad. 

No obstante, existen algunos cuestionamientos al escrache: el primero es que, al ser las redes sociales el lugar en el que se exponen los testimonios de las víctimas, las deja en una situación de vulneración por no ser un espacio seguro, y las arriesga al acoso digital y al cuestionamiento por no hablar, ni defenderse a tiempo o no ser la víctima perfecta. Es más, cuando la persona a la que se denuncia cuenta con privilegios y/o prestigio social, la víctima es la que termina convertida en objeto de demanda por difamación, y, contrario de lo que pasa con las denuncias de violencia sexual, estas prosperan más rápido. El segundo: esta acción, pese a tener la posibilidad de obtener un castigo “efectivo” con el rechazo social del denunciado, no promueve una verdadera justicia, que permita al victimario reconocer su falta, asumir su responsabilidad, garantice la restauración de la víctima y la no repetición. El tercero: esta acción puede derivar en un mecanismo de justicia igualmente patriarcal al no permitir el cuidado de la víctima, dejar que sean jueces personas anónimas e impedir la posibilidad de reparación de las subjetividades dañadas a la víctima y al agresor.

Habría que decir también, que, para muchos otros, esta acción es considerada como una “caza de brujas” (aunque nunca similar a la que llevan sometiendo a las mujeres por siglos), para dañar el nombre de los señalados, que no se les respeta el debido proceso y la presunción de inocencia y que las sanciones se reducen a la cancelación de los implicados y no termina por brindar justicia a las víctimas. En otros casos, se desmeritan las acusaciones porque se considera que son una especie de venganza relacionada con un desquite por razones amorosas y/o políticas. Sin embargo, cuando sucede este tipo de casos, los acusados rápidamente pueden contrarrestar las denuncias, interponer contrademandas y seguir con sus vidas. Lo que no pasa con la vida de las mujeres cuyas denuncias, si son veraces, nunca se reponen. 

Esto hace que surjan algunas preguntas: ¿Qué modelo de justicia fomenta el escrache? ¿Cómo lograr que la sanción no recaiga exclusivamente en el denunciado de manera individual sino también en las instituciones que no actúan cuando conocen de estos casos? ¿Cómo superar en el escrache que los jueces (personas anónimas de las redes sociales) castiguen o absuelvan tanto a la víctima como al acusado sin criterios claros? ¿Cuáles son las formas de acompañamiento psicosocial a las víctimas cuando acuden a este mecanismo de denuncia? ¿Cómo hacer seguimiento a la veracidad de las denuncias? ¿Qué espacios seguros tienen las víctimas para realizar sus denuncias y tener acompañamiento para seguir con su vida adelante? ¿Este mecanismo contribuye a despatriarcalizar los espacios en los que se presentan denuncias de violencia sexual?

En este marco, las discusiones al interior del movimiento feminista sobre esta acción colectiva ponen a pensar en la construcción de una justicia feminista cuyo propósito sea la verdad y no la pena punitiva, que permita despatriarcalizar los espacios para que no se presente nunca más ninguna forma de violencia de género, que se reconozca la violencia sexual como un asunto de masculinidades violentas elegitimadas por la sociedad. Se necesita de un mecanismo que sirva para la restauración a las víctimas, promueva garantías de no repetición, que se cimente en espacios seguros y de cuidado para las víctimas.

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