La penalización del aborto en EEUU: golpe contra las mujeres del mundo

Por Gloria Amparo Silva Tovar

En la foto: Manifestantes antiabortistas celebran ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. (EFE)

El 24 de junio de 2022, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió uno de los fallos más regresivos para los derechos de las mujeres: anuló la Sentencia Roe vs. Wade, que reconocía el derecho y la capacidad de las mujeres para decidir sobre la interrupción de su embarazo, sin restricciones, hasta la semana 23. En virtud de esa decisión los gobiernos no podían prohibir el aborto, pues este se consideraba enmarcado dentro del derecho a la privacidad, protegido por la Decimocuarta enmienda constitucional.

EE. UU: 50 años de regresión

Ahora, el Tribunal Supremo dice que “la Constitución no hace referencia al aborto, [que] dicho derecho no está protegido implícitamente por ninguna disposición constitucional…”, y que “es hora de hacer caso a la Constitución y devolver el tema del aborto a los representantes electos del pueblo”. La Sentencia impulsada por la mayoría conservadora de la Corte, impartió aval a la Ley Mississippi (aprobada por los republicanos en 2018), que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, y solo lo permite por “emergencia médica” o anormalidad grave del feto.  

Después del nuevo fallo de la Corte, las legislaturas de cada Estado podrán determinar si prohíben o restringen el aborto; pero de entrada se sabe que, como lo muestra el Instituto Guttmacher, “hay 26 Estados con leyes que indican que tienen la intención de prohibir los abortos… Nueve Estados tienen prohibiciones previas al caso Roe que podrían aplicarse tras la anulación del fallo y 13 Estados tienen “prohibiciones desencadenantes”, lo que significa que el aborto se prohibirá casi de inmediato tras la definición de la corte”.

Esta decisión sienta un precedente muy grave en la progresividad de los derechos de las mujeres y puede ser el comienzo de una serie de medidas de reafirmación de las relaciones patriarcales y profundización del rol de sumisión e inferioridad de la mitad de la población, así como de discriminación contra las disidencias sexuales. En el fallo del Tribunal Supremo de los EE.UU -contra el aborto- se instó a valorar las Sentencias de Grisworld vs. Connecticut (1965), Lawrence vs. Texas (2003), y Obergefell vs. Hodges (2015), que hasta ahora protegen los derechos a la anticoncepción, al matrimonio igualitario y a sostener relaciones consensuadas con personas del mismo sexo. Aunque la Corte aclaró que en su decisión no puso en duda los precedentes que no conciernen al asunto analizado (el aborto), el llamado a revisar estas prerrogativas constituye un campanazo de alerta, si se tiene en cuenta la presencia de una mayoría conservadora en la máxima instancia del poder judicial norteamericano.

Qué significa criminalizar el aborto

La prohibición del aborto obliga a las mujeres a practicarse procedimientos inseguros y clandestinos, que ponen en riesgo su vida. Esta es una de las causas de mortalidad femenina en el mundo, que afecta fundamentalmente a quienes provienen de clases populares: Según la OMS, la muerte por abortos peligrosos cada año oscila entre 4,7% y 13,2%. Esta amenaza siempre ha sido más alta en países con mayores niveles de pobreza e inequidad; los mismos en los que se practican el 97% de los malos procedimientos.

Pero, además de exponer su vida, las mujeres pierden la capacidad de decisión sobre su cuerpo, su reproducción y proyección personal, es decir, su autonomía e intimidad quedan severamente restringidas. Esta es, en esencia, una suerte de esclavización que se expresa mediante la imposición de la maternidad. Ello es nada menos que una forma de control y degradación de las mujeres.

De otro lado, la penalización del aborto no solo lleva implícito un problema de regresión o vulneración de los derechos que han sido reconocidos legalmente a la mitad de la población mundial (lo que por sí solo es suficientemente grave), sino que pone al desnudo una de las facetas de la desigualdad e inequidad estructural del capitalismo, en tanto convierte la interrupción voluntaria del embarazo en un privilegio al que acceden pocas mujeres con capacidad de pago; mientras que el grueso de la población femenina con imposibilidad de costear un procedimiento seguro solo pueden elegir entre someterse a la maternidad forzada o a practicarse un aborto en condiciones inciertas y riesgosas.

Dicho de otra forma: La criminalización del aborto no disminuye la demanda de estos, sino que convierte en un negocio lucrativo el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas, lo que en concreto ha implicado que la principal y más pesada carga de esta prohibición legal recaiga sobre las mujeres de las clases subalternas. Ellas, además de soportar las relaciones patriarcales de dominación (cuando se enfrentan a un embarazo indeseado), afrontan obstáculos materiales para ejercer su derecho a auto-determinarse porque no tienen posibilidades económicas que les permitan acceder a un aborto seguro y digno.

Pero el problema de la penalización del aborto trasciende del debate de lo jurídico al campo ideológico, pues alrededor de éste se promueve y re-encaucha un sistema de ideas que legitima y naturaliza socialmente la opresión de las mujeres, pues se reafirma en el imaginario colectivo que es normal, legal y justo que se les impida decidir libremente si quieren ser madres y determinar el rumbo de sus vidas. Como si estos derechos tuviesen menor valía.

Las fuerzas conservadoras que impulsaron este retroceso, centran su argumento en la defensa del feto, pero pocas veces se preocupan en evidenciar los impactos que tiene la maternidad forzada en las mujeres e incluso en las y los niños que nacen en estas circunstancias. De manera que su interés por la protección de la vida es realmente limitado y tiene un sesgo moral importante. Tanto así, que mientras promueven con vehemencia esta restricción, también suelen impulsar medidas de relativización de la vida frente a casos de defensa personal o protección de la propiedad, por ejemplo. En EEUU, la misma Corte que asestó este golpe a la interrupción voluntaria del embarazo profirió esa misma semana un fallo en el que interpreta que la Decimocuarta enmienda protege el derecho del individuo a portar un arma de fuego para defensa propia fuera del hogar. Esta decisión fue adoptada a pesar del incremento en el número de tiroteos que han dejado un saldo importante de muertes violentas -de niños, niñas y adolescentes- en ese país.

Las posturas ambivalentes de las fuerzas conservadoras de EE.UU. frente al derecho a la vida, demuestran que esta no es la verdadera razón que subyace a la prohibición del aborto, sino que tras sus posturas (de defensa del feto) se esconde un profundo desprecio hacia las mujeres. De hecho, quienes impulsan estas medidas regresivas -en las distintas instancias del poder- no han ocultado su misoginia; varios de sus más destacados exponentes, como Donald Trump y Johannes Kaiser, entre otros, han hecho pública su concepción de las mujeres como seres inferiores, indignas de los espacios políticos o de decisión, o como objetos de deseo y competición. Así pues, en este análisis no se puede separar de manera artificiosa el profundo odio que los conservadores-republicanos (con mayorías en la Corte y en varios sistemas legislativos) profesan contra la población femenina y su interés denodado por criminalizar el aborto.

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