El temor y la inestabilidad económica quedó a pesar de terminado el paro armado

Foto: Noticias 1

Por Víctor Andrés Muñoz Marín

Contexto

Tras la extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, líder del Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), por parte del gobierno colombiano en cabeza de Iván Duque, la estructura militar de este grupo narcoparamiliar impuso un paro armado que paralizó a 11 departamentos y 145 municipios del territorio nacional, entre el 5 y 10 de mayo del presente año. En este paro la estructura paramilitar demostró todo su poderío y que no está derrotada como lo comunicó el presidente, sino fortalecida y busca expandir su control sobre las rutas del narcotráfico y el monopolio sobre la población civil. Esto al menos es lo que afirma la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

Este paro armado evidenció su mayor poder de intimidación sobre los pobladores en departamentos como Córdoba, Bolívar, Cesar, Chocó, Sucre, Atlántico, Magdalena y Antioquia; además de ciudades como Montería, Barranquilla y en algunas comunas de Medellín. El epicentro se presentó en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, según indicó la Fundación Paz & Reconciliación (PARES).

Afectaciones del paro armado

La Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) registró, entre el 4 y el 8 de mayo, un total de 24 homicidios a civiles, 187 vehículos incinerados, 26 casos de bloqueo forzado, afectación en 8 terminales de transporte, ataque a 5 misiones humanitarias, 6 policías heridos y uno fallecido, un militar asesinado y otro herido, y un centenar de grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Dentro de las afectaciones también se encuentran pérdidas económicas del comercio, el confinamiento de la población civil, la restricción de la movilidad, suspensión de actividades educativas y la negación del goce y el disfrute del territorio de las comunidades. Todo sucedió ante la negligente y nula reacción de Iván Duque como jefe de Estado y del ministro de defensa, Diego Molano, quienes, de forma paradójica, durante el paro nacional convocado por estudiantes, obreros y obreras, comunidades campesinas, indígenas y afro, y la clase popular, estuvieron muy activos demostrando el poder militar de la institucionalidad.

Paro armado en Santa Fe de Antioquia

El paro armado en el departamento de Antioquia fue especialmente duro en el noroccidente; uno de los municipios más afectado fue Santa Fe de Antioquia, denominada ciudad madre, cuna de la cultura antioqueña o pueblo colonial, ubicado entre la cordillera central y occidental de los Andes. El censo del 2020 mostró que tiene una población de 26.164 habitantes, y la principal fuente de economía de las familias es el turismo.

Este municipio está a tan solo una hora y media de la capital antioqueña, Medellín, por ende, es habitual que durante los fines de semana sea atractivo para turistas de diferentes partes de la región y del país y para extranjeros debido a su arquitectura colonial, sus mitos y leyendas, sus hosterías y hoteles que ofrecen días soleados. También hay fincas que se alquilan por días, fines de semanas y hasta por semanas completas; bares y restaurantes. La riqueza del río Tonusco y sus charcos naturales atraen al turismo de forma especial, igual que las frutas tropicales, el Puente de Occidente y los dulces que allí se producen.

Pero ante el temor y la intimidación impuesto por el paro armado, con acciones de quema de vehículos, motos y confinamiento a la población civil, el flujo de visitantes disminuyó y agudizó la pobreza en los hogares más vulnerables, que sobreviven del turismo. Rosa, por ejemplo, trabaja en uno de los restaurantes más apetecidos por los visitantes del municipio; sin embargo, su economía y salud mental se afectó debido al paro. Manifiesta que “llegamos a trabajar temprano, apenas estábamos abriendo el restaurante, y entonces llegaron hombres encapuchados intimidando con armas, indicando que debíamos cerrar si no queríamos que nos ocurriera algo malo. Así sucedió por dos días, hasta que cerramos por una semana completa; cierre que se siente en el bolsillo, pues estos días no los pagan”.

“El temor durante la primera semana –cuenta Robín, trabajador de un bar de cerveza artesanal–, después de los cinco días de paro armado, fue evidente; las calles se veían solas y había un silencio incómodo. Entré al bar, lo limpié y organicé con la motivación de vender algo, pero pasaron cuatro horas y nadie entró a tomarse por lo menos una cerveza. No era el único local vacío, todos estaban así”.  

El temor no solamente lo sintió la población civil, también lo manifestó la fuerza pública que estaba en la estación de Policía, a dos cuadras del parque principal, donde los paramilitares caminaban como Pedro por su casa. “Los policías parecían confinados, con miedo, porque solo se vieron un día, cuando el alcalde pasó por las calles invitando a la gente a no cerrar los locales y a no tener miedo. Eran muy pocos. Además, mucho soldado y policía que estaban en el municipio los mandaron para Cañasgordas, lugar en donde les hicieron un atentado” afirmó Carmen, cabeza de hogar que trabaja en el área de turismo.

Pasados más de 20 días del paro armado, la economía de los hogares, que se sostienen con la actividad de turismo, no se ha podido estabilizar. “El temor aún continúa, todas y todos lo tenemos; incluso las AGC hicieron quitar la propaganda política. Este fin de semana (antes de las elecciones) tampoco trabajé. Al parecer no están alquilando fincas. Si no fuera por mi nieta que trabaja en el hospital, estaríamos desesperados. Esperamos que después de las elecciones esto mejore, porque hay miedo a que el paro se repita”, comenta Rosa.

Aunque el Gobierno mencionó al inicio del paro que las acciones violentas obedecían al debilitamiento del grupo narco paramilitar, es evidente que no es así. Este hace presencia en 241 municipios de Colombia a través de 4 estructuras y 22 subestructuras que llegan a ciudades como Medellín, según informó PARES. Este grupo tiene control de los campesinos en la ruralidad, con el narcotráfico, y en las ciudades con la delincuencia, el microtráfico y el sicariato; y en el poder político, en la estructura del gobierno. No se ha debilitado, sino que busca expandirse.

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