Juvenicidio en Colombia

La vida es devaluada como mercancía, tu existencia está evaluada por tu posesión.

Cuánto tienes, cuánto vales, es la ley de la vida, la que rige tu camino y tu religión.

Los hijos de nadie los dueños de nada, los bastardos sin futuro y sin educación.

Muriendo la vida, sin ser aunque seamos, los ninguneados por la distribución.

Fragmento de la canción, Los Nadie, O.D.I.O -Oposición Dirigida a la Injusta Opresión-, 2016.

Por Víctor Andrés Muñoz Marín

El juvenicidio en Colombia se presenta con la negación de la juventud perteneciente a los sectores populares del campo y la ciudad al acceso al sistema educativo y laboral. Esto dada la baja inversión económica, la privatización de los escenarios públicos y la nula gestión de los gobiernos, que desde 1991 con el eufemismo del Estado Social de Derecho, el desarrollo y el progreso, impulsan el neoliberalismo en favor de las grandes élites económicas del país que se encargan de pauperizar la vida de miles de jóvenes.

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Universidad Javeriana, analizó en el 2021, la tasa de tránsito inmediato de estudiantes de colegios oficiales y privados a la educación superior y encontró que cerca de 2 millones de colombianos, entre 17 y 21 años no estudian ni trabajan; miles de jóvenes son desertores del sistema educativo, por falta de recursos económicos, problemas de seguridad ante la situación del conflicto armado y falta de cobertura escolar.

Según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística), a enero de 2022 el desempleo juvenil se ubicó en 20,6%; esta realidad de empobrecimiento económico, agudiza las condiciones sociales de las y los jóvenes, transitados a la estigmatización, pobreza y desigualdad social, que además de ser histórica y estructural, se ubica en las regiones del país donde predomina la relación persistente del abandono estatal y el conflicto armado, como factores que victimizan a la población juvenil.

Esta práctica sistemática de aniquilamiento físico y simbólico de los sectores juveniles marginados, es atravesada por el conflicto interno armado que, por más de cinco décadas, ha tenido un impacto negativo sobre la vida de las y los jóvenes, a pesar de firmarse un acuerdo de paz entre el Estado y las FARC-EP en el 2016, por ejemplo, el reclutamiento de miles de jóvenes empobrecidos por parte de grupos armados legales e ilegales, no cesa.

El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, en el 2021, indicó que por lo menos 17.866 menores de edad, han sido víctimas de reclutamiento y utilización en el conflicto armado en Colombia entre 1958 y 2020. Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021 ocurrieron 519 eventos en el país relacionados con la vinculación de menores de edad a grupos armados, siendo el 2018 el año más alto, según registró el Observatorio de la Unidad para las Víctimas.

En la coexistencia del sistema económico, el Estado y el encuentro de los grupos armados legales e ilegales, utilizan el poder sobre los territorios, para imponer control, multiplicar los riesgos psicosociales que históricamente han impedido el desarrollo integral de la juventud y el goce pleno de los derechos. Aunque existan leyes de juventud tanto nacionales como internacionales, no se garantiza a las y los jóvenes el ejercicio de la ciudadanía y de participar e incidir en la esfera económica, política, cultural y social del país.

La juventud al ser restringida al acceso de derechos fundamentales para dignificar la vida, y tener un desarrollo integral, es decir, material y espiritual, sus vidas son orientadas por la filosofía de vida del neoliberalismo, y, al mismo tiempo, son excluidos de esos estilos de vida de consumo, son puestos en la necesidad de acceder a empleos informales y en otras ocasiones a la paralegalidad; resulta que hay más escuelas de sicarios que escuelas escolares, tal como sucedió en las laderas Medellín en los años 90, época donde tuvo predominio el narcotráfico al mando de Pablo Escobar.

Gracias a esta práctica genocida, las élites políticas, grupos mafiosos y empresariales han logrado permanecer en el poder estatal, con la exclusión y exterminio de la juventud que no se deja disciplinar para garantizar la productividad de los intereses de acumulación de riqueza de unos pocos, que, además, buscan reconfigurar el sentir y el pensar.

Por ende, cuando se interrumpe la normalidad impuesta por la moral del capitalismo y la sociedad moderna, como ocurrió durante el estallido social y político, con protagonismo de las y los jóvenes de las barriadas populares y de los sectores excluidos, el cuerpo militar y paramilitar a favor de los intereses privados y de la política tradicional, causó una crisis de los derechos humanos con prácticas de asesinato, desapariciones, violaciones sexuales, y dejó miles de heridos.

También se aniquila con la persecución, amenaza y asesinato, aquella esfera juvenil, que reclama cumplimiento de los derechos humanos, participa políticamente en escenarios públicos, hace de las universidades espacios de debate; también por hacer arte y cultura, pertenecer a un partido político o ser sindicalista, producir contra información con medios alternativos de comunicación, llevar pedagogía a los sectores invisibilizados y avivar la memoria de los sectores acallados.

Tal como sucedió durante el gobierno de Rojas Pinilla, quien catalogó a la juventud de enemigos internos, que querían llevar el país al comunismo, y como resultado, decenas de jóvenes entre hombres y mujeres asesinados, fueron señalados de buenos muertos; y sin olvidar el asesinato de 6402 personas, presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado entre 2002 y 2008, durante la presidencia de Uribe Vélez, que resultaron siendo falsos positivos, donde se apagaron las vidas y silenciaron a miles de jóvenes, hijas e hijos de obreros, campesinos e indígenas.

De esta forma, nombrar el juvenicidio en Colombia es una forma de evidenciar el asesinato físico y simbólico de la juventud, por cuenta de la opresión del sistema económico, el Estado y los grupos legales e ilegales, dirigido hacia hijas e hijos de obreros, campesinos e indígenas en todo el territorio nacional.