Apremia lograr una pensión digna para el presente y el futuro

Por José Alfonso Ibáñez

Imagen: Tomada de celag.org

Las formas de contratación en el mundo del trabajo han marcado una ruta universal en donde la clase trabajadora ha venido perdiendo estabilidad laboral, conllevando a que no haya un sistema pensional perfecto y equitativo. Esto ha significado que el capitalismo salvaje que trasciende fronteras venda la idea de que la única salida es ampliar la edad y número de semanas cotizadas, favoreciendo siempre sus propios intereses a costa de la explotación y el bienestar del trabajador.

Por eso, no sorprende ver noticias internacionales en las cuales se dan debates para eventuales reformas pensionales pensando, entre otras, en la edad actual de jubilación en los distintos países. Según datos del Finnish Centre For Pensions, en España la edad legal de jubilación es de 65 años y 10 meses, y ni siquiera es el país con una mayor edad de jubilación, como sí lo son Grecia e Italia, donde la edad para pensionarse es de 67 años. Si miramos otros países europeos no encontramos a ninguno que tenga una edad temprana de jubilación, salvo Rusia, con 56 años. Por ejemplo, en Francia es de 66 años; Alemania 65; Reino Unido 66; Italia 67; Países Bajos y Portugal 66; Suecia y Eslovaquia, 62 años; Malta, Finlandia y República Checa, 63. Países más allá de Europa, v.g., Australia, 58 años.

Existe una preocupación por la sostenibilidad fiscal

Los analistas financieros del mundo neoliberal manifiestan que los países tienen que gastar más porque la gente vive más y con el cambio demográfico, que muestra tendencia hacia el envejecimiento de las sociedades, cada vez hay más pensionados y menos trabajadores que aportan al sostenimiento del sistema pensional. Ahí se abre la discusión en el contexto de ampliar la cobertura para que la mayoría de los adultos mayores reciban una pensión y, al mismo tiempo, que esas jubilaciones les permitan tener una vida digna; en esa línea, algunos países optan por aumentar la edad de jubilación, otros por subir las cotizaciones de las personas y el resto, por pagar pensiones más bajas.

La tendencia en América Latina y en todas las regiones del mundo es hacia sistemas mixtos, concluye un experto del Banco Interamericano de Desarrollo. Los países con la edad más alta de jubilación para los hombres en nuestro continente, 65 años, son: Costa Rica, México, Perú, Argentina y Brasil. La edad más baja de jubilación para las mujeres es de 50 años en Bolivia, luego, 55 años en El Salvador y Venezuela. En Bolivia se tiene la edad más baja para los hombres: 55 años.

Futuro pensional en Colombia

No hay duda alguna que si en Colombia, que se supone que es un Estado Social de Derecho, la clase trabajadora joven y los adultos mayores pretenden una pensión digna y justa como parte de la filosofía de la constitución política, debe haber un compromiso y voluntad política tanto de los diferentes grupos económicos, gobierno de turno, congresistas y centrales obreras para concertar el “Estatuto del Trabajo” estipulado en el artículo 53 de la constitución política. Deben incorporarse los capítulos que regulen una política de empleo en condiciones dignas y justas, es decir, garantizando contratos laborales a término indefinido, eliminando los contratos laborales basura y la tercerización; solo así, sería posible aportar al sistema pensional y garantizar el sostenimiento del sistema público, finiquitando los fondos privados.

Según la data de los mismos fondos, existe una base de trabajadores de 15 millones de afiliados, de los cuales solo están jubilados 150.000, con el agravante de que si un trabajador devengaba $8 millones, hoy su pensión es cercana a $2 millones; ahora, del 16% de aportes que se hace para la pensión, el trabajador aporta el 4%, que en la práctica se convierte en los gastos de administración que le cobran a él, y el 12% que aporta el empleador va para el fondo de pensiones y como es de ahorro programado, cuando se acabe ese fondo se termina el pago de la pensión. La ironía es que el banquero Luis Carlos Sarmiento trabaja con el dinero de los colombianos a través de la compra de acciones de bancos propios del grupo Aval, lo que evidencia, en sí mismo, que actualmente existe una verdadera “expropiación”.

Con base en todo lo anterior, todos los colombianos estamos en la obligación moral de defender a Colpensiones, que es la única entidad que aún garantiza una pensión digna. A manera de ejemplo, un trabajador que haya devengado sobre una base salarial de $4 millones, su pensión en la actualidad sería de $2.400.000. Colpensiones posee el régimen de prima media con prestación definida o solidaridad pensional garantizando, en el futuro, la pensión de manera vitalicia al trabajador; de conformidad con la ley, el trabajador se pensiona devengando entre un 67 y 75% del ingreso base de cotización.

La pensión es una conquista histórica de la clase trabajadora que se dio a mediados del siglo XX, por lo tanto, no podemos permitir que el neoliberalismo desmonte las garantías laborales y haga de la pensión algo inalcanzable para las futuras generaciones.

Propuesta pensional

La propuesta pensional del Pacto Histórico, en cabeza de Gustavo Petro, ha generado una buena cantidad de contradictores de la élite empresarial y financiera del país, acompañados de la derecha y ultraderecha del país. Propone recomponer el panorama actual de la situación económica de la población adulta mayor en Colombia, en donde hay 4 millones de ciudadanos de los cuales solo reciben pensión 1.5 millones, aunque actualmente existe un paliativo inútil que consiste en un programa de apoyo mensual de $80.000, que llega sólo a 1.6 millones de beneficiarios. Con el presupuesto de la Nación se logrará financiar un bono pensional de medio salario mínimo a todas las personas de la tercera edad que hoy no tienen pensión, sin afectar otras inversiones sociales.

Se prevé que con el uso racional de las cotizaciones y con la ampliación del empleo no solo se pagará la pensión futura de los actuales cotizantes, garantizando su derecho a la pensión, sino las pensiones actuales sin eliminar derechos adquiridos. Lo que propone el Pacto Histórico es lo contrario de una expropiación que sí viene realizando el actual régimen pensional al permitir la entrega de utilidades bancarias a los fondos privados, pero no de pensiones con cobertura total a las personas de la tercera edad.

La pensión y su permanencia como derecho hace parte también de la lucha de la juventud por su futuro y por un mejor país.

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