Vientos de guerra disimulada en Colombia

Por Rubén Darío Zapata

Foto: Tomada del catálogo Indumil Colombia

A principios de este año La Nueva Prensa publicó una información en donde se alertaba de la venta que estaba realizando el Estado colombiano de armas de guerra a particulares. Aunque la denuncia pasó prácticamente inadvertida y fue silenciada por los medios masivos, no sobra advertir que la alarma encendida por este medio independiente es bastante justificada y amerita una mayor atención por parte de la sociedad civil.

Según el reporte de la Nueva Prensa, entre 2020 y 2021 Indumil le habría vendido armas de guerra de uso privativo de las fuerzas militares, concretamente fusiles Galil ace 21, calibre 5.56, con sus respectivos salvoconductos y dotación en munición, a algunos personajes de la vida pública, entre políticos, militares y empresarios. Entre ellos figuran el reconocido abogado Abelardo de la Espriella, dos viceministros, de Justicia y de Defensa: Francisco Chaux y Carlos Andrés Ríos y el director administrativo judicial de Santa Marta, Manuel José Vives.

Esto es claramente una violación a la ley, pues el decreto 2535 de 1993 prohíbe expresamente la venta de material de guerra y uso privativo de las fuerzas militares a particulares. Y este tipo de fusil, de diseño israelí, está considerado como un arma liviana de asalto, idónea para los combates urbanos y rurales.

Toda una estrategia

No obstante, no parece tratarse de un hecho aislado, sino más bien de una práctica recurrente en los últimos años de este gobierno. Según la investigación realizada por el periodista de La Nueva Prensa, Julián Martínez, entre el 18 de noviembre de 2020 y el 16 de diciembre de 2021 fueron entregadas por Indumil a particulares 35 de estas armas para dotar a 27 militares y policías, a cinco civiles y a tres personajes cuyos nombres no aparecen en el registro de venta. Y, según lo informado por una fuente de Indumil, que le pidió al periodista reservar su nombre, para este año se tiene pronosticada la entrega de otras 120 armas semejantes.

Por lo demás, en un país como el nuestro, donde el subregistro oficial se ha convertido en un hábito, cabe preguntarse cuántos son realmente los fusiles que el gobierno ha puesto en manos de civiles y cuántos piensa poner antes de dejar la casa de Nariño. A ello se suma un dato todavía más sorprendente: los fusiles fabricados por Indumil para particulares parecen ser del mismo modelo, según el periodista Martínez, de los 22 fusiles robados recientemente a una guarnición de policía en Sincelejo, sin que nadie se diera cuenta hasta el día del conteo, 2 de enero.

Según Alberto Yepes, de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la venta de armas de guerra del Estado a particulares, aunque está prohibida, no es realmente nueva, y se ha presentado en diversas ocasiones bajo distintas modalidades. Por ejemplo, está el escándalo de 2015 que involucra al general Jorge Romero Pinzón, entonces comandante de la Cuarta Brigada. Aparte de un escándalo de corrupción y desvío de dineros del orden de unos mil millones de pesos, se descubrió que el general entregaba armas y salvoconductos a varios empresarios y políticos del Valle de Aburrá, y al final terminó surtiendo a la Oficina de Envigado, en lo que se conoció como el cartel de las armas.

Más de un año estuvo prácticamente quieta la investigación en la Fiscalía, según reconoció el propio fiscal encargado Jaime Espitia, que solo se atrevió a actuar cuando la revista Semana hizo pública la información y generó un escándalo. Sin embargo, por mucho tiempo, el general Romero siguió desempeñándose en el Ejército como si nada y hasta resultó premiado. En principio se pensó, por lo menos en los círculos castrenses, que, al no ser llamado el general Romero al siguiente curso de ascenso, el mensaje era que debía salir de las filas. Sin embargo, en noviembre de 2019 el gobierno lo designó para la jefatura del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, una instancia que maneja una enorme cantidad de recursos para la realización de proyectos cívico militares, esto a pesar de estar investigado precisamente por corrupción. Hoy el general Romero se encuentra finalmente detenido por todo el arsenal de pruebas que salieron a la luz, pero no puede desconocerse que en principio la reacción del gobierno fue prácticamente premiarlo.

¿Quiénes reciben las armas?

Según Yepes, esto es apenas lógico. Y es que el tráfico de armas que estaba en cabeza del general Romero era para gente allegada al presidente Duque y al uribismo, por eso Romero, antes que sancionado, resultó premiado. Algo parecido ha ocurrido con los dos directores de Indumil que fabricaron las armas para los particulares, uno de ellos salió de su cargo para vincularse como agregado a la embajada de Colombia en Estados Unidos, bajo las órdenes de Juan Carlos Pinzón. Y es que, según cuenta el funcionario de Indumil mencionado arriba, la fabricación de armas de guerra para civiles durante la administración de Iván Duque ha sido un regalo a las figuras políticas y militares que defienden a ultranza al uribismo. Y para comprobarlo, basta echar un vistazo a algunos nombres:

Abelardo de la Espriella es conocido por su actuación como abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez y por representar jurídicamente al agente del Esmad, Manuel Cubillos, en el proceso que se le sigue por el asesinato del joven Dylan Cruz en medio de las protestas contra el gobierno nacional en noviembre de 2019. La Fundación para la libertad de prensa FLIP ha denunciado en diversas oportunidades a De la Espriella por abusar de las herramientas legales para intimidar y coartar periodistas que denuncien corrupción, maltrato o ilegalidad que lo relacione.

Por su parte, Francisco Chaux, otro de los receptores de dos fusiles de asalto, es hijo del reconocido exgobernador del Cauca, fallecido el año pasado, Juan Jos fue señalado por varios integrantes de la autodefensa de ser “el comandante político del bloque Calima” y además se hizo celebre de haber estado preso por parapolítica, quien además se hizo célebre por su participación en el encuentro de alias Job, líder de las autodefensas que actuaba en ese momento como emisario de Don Berna, y funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe en la Casa de Nariño, el 23 de enero de 2008, en un intento de diseñar estrategias para atacar a la Corte Suprema de Justicia. A raíz de aquel escándalo se supo que Chaux era un viejo amigo con relación muy cercana a alias Job.

El coronel Jeffer Rodolfo Castelblanco, antiguo director de soldados profesionales, se ha sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz bajo la promesa de revelar información significativa a propósito de la alianza entre oficiales del Ejército y grupos paramilitares y la participación del primero en asesinatos de civiles, a fin de obtener beneficios en su condena por estas mismas acciones y relaciones. Entre tanto, el coronel Omar Arciniegas Pinilla, comandante del Comando específico del Oriente, está relacionado en un informe del portal Verdad Abierta de 2008 como un militar del Gaula del Ejército que, presuntamente, estaba dentro de la nómica de los paramilitares en Medellín.

Las armas robadas en los fortines militares

Entre tanto, la venta ilegal de armas de guerra a civiles por parte de una institución del Estado no es la única manera en la que se están dotando los civiles de estas armas. Ya mencionamos el robo de los 22 fusiles en la guarnición de Policía en Sincelejo. A ello hay que sumarle el escandaloso robo, con la participación de varios militares, de más de 400 armas de fuego en el batallón San Mateo de Pereira, a principios de 2015 y un poco antes el robo de 500 armas de uso privativo de las Fuerzas Militares en la Tercera Brigada del ejército, en Cali. Según informa la prensa y las mismas autoridades militares, estas armas han ido a parar a las famosas bandas delincuenciales que azotan las ciudades, pero ya sabemos que este es el nombre genérico para encubrir las antiguas estructuras paramilitares. Y lo preocupante es que se están dotando nuevamente con la participación de policías y militares, lo cual dibuja el fenómeno como algo más que un robo lucrativo.

En una sociedad donde el amor a las armas crece cada vez más y la derecha constantemente está poniendo en discusión la posibilidad de armar masivamente a la población con la disculpa de la defensa frente a la delincuencia, no resulta extraño que la gente ambicione comprar su propia arma y obtener su permiso. Pero ya el robo sistemático y frecuente de gran cantidad de armas en las instalaciones más protegidas tiene que ponernos sobre aviso. Y más el hecho de que el propio Estado esté produciendo armas de guerra con la intención de dotar a un grupo importante de civiles. La pregunta obligada aquí es para qué quiere un político, empresario o militar retirado un fusil en su casa; con toda seguridad no es para salvaguardar su integridad en la casa ni en la calle, porque se trata de un arma de guerra, no de defensa.

Según Alberto Yepes, en Colombia hay sectores sociales que se creen eximidos para actuar dentro de las normas del Estado social de derecho y, por tanto, autorizados para emprender acciones propias de defensa privilegiada. Son también estos sectores los que buscan reaccionar militarmente para lograr, cuando lo necesitan, un cambio de régimen. También para evitar y refrenar movilizaciones sociales vigorosas, como ocurrió en Ciudad Jardín, en Cali, durante las protestas del año pasado. Allí, la élite adinerada y racista juraba que no permitiría el paso de la indiada por sus calles.

¿Hacia una guerra programada?

Por supuesto, es muy preocupante que el tráfico de este tipo de armamentos se dé en el actual contexto de elecciones, amenazado por todos lados por las posibilidades de fraude. Eso ya tuvo, según Yepes, un primer ensayo, exitoso por lo demás, en las elecciones presidenciales de 2018, en los territorios de la Costa con la Ñeñepolítica.

Nada extraño entonces que este tráfico de armas, liderado por el actual gobierno, tenga como propósito impedir el cambio de orientación política del Estado a partir de las próximas elecciones, que parece anunciarse con el auge y la acogida que está teniendo la coalición alternativa del Pacto Histórico. Según Yepes, pueden ser varios los escenarios para esta acción disuasiva: Primero, no hay que descartar la posibilidad de un magnicidio, que siempre ha estado en la agenda de los sectores más reaccionarios. Si esto no se da, igual queda el recurso al fraude, dado las actuales actuaciones de la Registraduría. También está la coerción directa al electorado por la vía de las armas. Es un hecho que precisamente en este momento arrecia la violencia paramilitar en buena parte del territorio nacional, ensañada contra los líderes sociales, los excombatientes de las Farc que firmaron el acuerdo de paz y líderes del Pacto Histórico que encabezan las encuestas en torno a las preferencias del electorado para las próximas elecciones del legislativo y el ejecutivo.

Si el fraude como última opción no da resultado, el recurso que queda es una presión armada, económica y política contra el gobierno alternativo, restringiendo sus posibilidades de acción y sometiéndolo al sabotaje económico, de lo cual ya hace parte la actual dinámica inflacionaria sin control alguno por parte del gobierno.

“En todo caso -insiste Alberto Yepes- cabe también la posibilidad de la acción masiva de los movimientos sociales ante la evidencia del fraude. Y una de las vías para refrenar esta reacción es precisamente mediante las armas. El primer ensayo de esto lo tuvimos en Cali durante las protestas de mayo del año pasado, cuando civiles armados con pistolas y fusiles salieron al lado de la policía a disparar contra los manifestantes”. Eso puede explicar muy bien para qué quieren los particulares armas de guerra de largo alcance como los fusiles y por qué el actual gobierno está presto para proveérselas.

Ya la extrema derecha ha anunciado que no puede perder estas elecciones y que están dispuestos a hacer lo que sea para no perder. “En esa clave -dice Yepes- hay que leer el audio de una conversación que se filtró de la conversación entre María Fernanda Cabal y un general retirado, en donde aquella le decía que si perdían las elecciones estaban jodidos. En ese mensaje hay dos cosas claras: la conciencia de que están a punto de perder, y el miedo por lo que esto significa para una élite que ha amasado su capital y su poder a partir del crimen: el robo de tierras, el desplazamiento, el asesinato. Por lo tanto, la conciencia de que hay que hacer lo que sea para no perder”

Pero, aunque el mensaje de la derecha, reproducido en miles de formas y por todos los medios, es muy claro, en las bases sociales no parece haber mucha conciencia de la amenaza de fraude y mucho menos de los aires de guerra civil que se ciernen sobre el destino de Colombia. Ante tal panorama, dice Yepes, la alternativa es redoblar la acción ciudadana. Esto es, sin embargo, lo que pretende frenar la derecha en el país a partir de la guerra en las calles contra las movilizaciones, lo cual podría disuadir a mucha gente de participar. No obstante, Yepes insiste en que ante la intransigencia y la actitud criminal de esta élite la única forma de enfrentarla es la movilización masiva, aunque seguramente costará muchas vidas si la derecha se empeña en su libreto: “Finalmente -dice Yepes-, ningún cambio democrático sustantivo se realizará de manera tranquila, sobre todo por la reacción de los poderosos en su afán de controlar el poder. De hecho, ninguna revolución democrática (la revolución francesa, por ejemplo) se ha hecho apelando a la buena voluntad de la élite gobernante, siempre ha sido el resultado de la movilización permanente”.

La conclusión de Yepes es que esta vez el pueblo no se puede dejar chantajear por la amenaza de la guerra ni por el pánico económico. “Porque seguramente si gana la propuesta alternativa vendrá el chantaje económico, el acaparamiento por parte de los grupos económicos para sumir en el desespero a las bases y lograr una presión masiva contra el gobierno, a quien harán responsable. Muchos empresarios, de hecho, ya anunciaron que sacarán su capital si gana Petro”. Lo que se viene entonces es una prueba de resistencia en múltiples ámbitos de la vida social nacional.

Foto: La Nueva Prensa

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