¡NO es un delito, la maternidad será deseada o no será!

Por Anyela Heredia

A propósito de la despenalización del aborto en Colombia, que tanto horror produce entre los grupos antiaborto, dispuestos incluso a someter a referendo una decisión de la Corte Constitucional que garantiza los derechos reproductivos de las mujeres.

Ilustración por Dimangia

Vestida con su pañuelo verde, símbolo del movimiento feminista en Argentina, país donde las mujeres se volcaron masivamente a las calles para defender su derecho a decidir sobre sus cuerpos, en una expresión que se conoce hoy como “la marea verde”, Alexandra Zuluaga, abogada feminista y miembro de la Colectiva Justicia Mujer, celebra el triunfo de las mujeres colombianas tras conocerse el histórico fallo de la Corte Constitucional en favor de la despenalización del aborto. 

La Colectiva Justicia Mujer está entre las más de 100 organizaciones sociales, además de activistas, profesionales de la salud y del derecho, que conforman el Movimiento Causa Justa, una iniciativa de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en nuestro país desde hace más de 20 años. Este movimiento presentó en septiembre de 2020 una demanda ante la Corte Constitucional de Colombia en busca de la eliminación del delito del aborto del código penal y del estigma en torno a este derecho.

Lo que se buscaba era en principio que fuese regulado como un asunto de salud pública y no a través del poder punitivo del Estado, pues la tipificación del aborto como delito es ineficaz, contraproducente y discriminatorio, afecta principalmente a las mujeres con mayor situación de vulnerabilidad. Según Alexandra, son precisamente las mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica, como las mujeres rurales, quienes están expuestas en mayor medida a maternidades forzadas, a muertes como consecuencia de abortos inseguros y a condenas desproporcionadas, puesto que, hasta ahora, no ha sido posible garantizar la disponibilidad y la accesibilidad a los servicios de aborto seguro en las regiones más apartadas de país.

El sistema de causales es insuficiente

“La legislación actual es problemática porque en ella coexisten el aborto como derecho y como delito y esto en la práctica opera de manera negativa, ya que, por una parte, los profesionales que deben asegurar la prestación del servicio temen incurrir en el delito porque su interpretación de las causales pueda ser entendida como ilegal, y por otra, las mujeres pueden ser criminalizadas según esta interpretación”.

Después de 15 años de haber despenalizado el aborto solo en tres causales específicas: peligro para la vida de la mujer; embrión o feto que padezca una patología incompatible con la vida fuera del útero; y embarazo resultado de violación, persisten en el sistema las barreras de acceso al servicio. En ese orden de ideas el modelo de causales que existe actualmente en el país es insuficiente para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de manera oportuna y de calidad, pues la principal barrera de acceso al servicio es la persistencia del delito. Algunas de las barreras que conllevan a una negación injustificada de la prestación del servicio son: i) la exigencia de requisitos adicionales a los establecidos por la Corte Constitucional, ii) la aplicación inadecuada de la objeción de conciencia del personal médico para negarse a prestar el servicio, iii) la violación al secreto profesional, iv) el impedir que las niñas menores de 14 años expresen su consentimiento, cuando sus padres no están de acuerdo con la interrupción, y iv) la violación al derecho a la información.

Razones para despenalizar el aborto en su totalidad

De la mano de Alexandra Zuluaga podemos resumir así las principales razones para que el aborto sea despenalizado en su totalidad:

  1. El delito de aborto es ineficaz, pues el hecho de que exista en el código penal no impide que en la práctica este se materialice, lo que repercute en la realización de alrededor de 400.000 abortos “ilegales” cada año, y el 99% de esos abortos son practicados de forma insegura.
  2. El delito de aborto es contraproducente, porque es la tercera causa de muerte materna en el país. Se estima que 70 mujeres mueren cada año en Colombia como consecuencia de abortos inseguros; además, cerca de 400 mujeres que deciden abortar se ven enfrentadas a procesos penales. 24 % de las mujeres condenadas por este delito son menores de edad, 1 de cada 3 mujeres criminalizadas habría sido víctima de violencia intrafamiliar, en especial delitos sexuales. Por ello es importante sacar el aborto del ámbito penal y empezar a considerarlo un asunto de salud pública.
  3. El delito de aborto es discriminatorio porque es un delito que afecta solo a las personas gestantes, es decir, la amenaza del uso punitivo del poder del Estado solamente recae sobre las mujeres.
  4. La Comisión Asesora para el diseño de la Política Criminal del Estado Colombiano recomendó despenalizar el aborto por la sobre-criminalización de las mujeres e indicó que la decisión de la Corte Constitucional del año 2006 no está a la altura de los estándares internacionales ni de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano que se orientan a eliminar las disposiciones legales que impidan el pleno ejercicio de los derechos reproductivos.
  5. Las mujeres en el país no contamos con una ciudadanía plena en tanto no se nos reconoce como sujetos morales plenos para la toma de decisiones. En el modelo paternalista de normas construidas por hombres el aborto ha sido una práctica milenaria. Pero la maternidad debe ser deseada y no forzada. 

No es posible equiparar el aborto a un asesinato

El principal argumento que utilizan la iglesia católica y los grupos antiderechos para defender sus ideas en contra de la despenalización del aborto es que la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. Pero, en derecho, explica Alexandra los debates jurídicos contemporáneos han dado cuenta de la importancia de diferenciar dos fenómenos independientes como son la vida y el derecho a la vida. Quien es titular del derecho a la vida es única y exclusivamente la persona humana y, según nuestro ordenamiento jurídico se es persona una vez se nace y se desprende del vientre, es decir, desde el momento en que hay vida autónoma. De ahí que el del aborto obtuviera una menor sanción respecto a otras conductas punibles como el homicidio.

Ilustración por Ampifei

Alexandra está de acuerdo con que el Estado debe proteger la vida fetal cuando se producen daños a embarazos deseados, en casos, por ejemplo, de violencia contra las mujeres. Sin embargo, existe un sesgo en la investigación de los abortos voluntarios donde se criminaliza y se persigue a las mujeres que abortan, pero no a quienes causan abortos contra la voluntad de las mujeres. 81% de las condenas son sobre abortos consentidos, mientras que solo el 2.9% se dan en casos de aborto no consentido. Y un caso reciente nos da cuenta de ello. La abogada se refiere al baterista de la banda Tres de corazón, Felipe Muñoz, quien suministró un medicamento abortivo a su pareja, Milena Uribe, pese a que ella le había manifestado querer llevar a término su embarazo. Y aun así un juez de la república decidió que el sujeto no era responsable del delito. Entonces la pregunta es ¿realmente interesa proteger la vida fetal o mantener el delito del aborto en Colombia como un castigo a las mujeres que deciden sobre su cuerpo?”  

Otro dato importante que aporta Zuluaga al análisis sobre la no imparcialidad de la legislación en lo referente al aborto tiene que ver con que, según una encuesta reciente del DANE, en el año 2020 en el país, 4.268 niñas entre los 10 y 14 años fueron madres en Colombia, y de acuerdo con la normatividad estas niñas debieron haber tenido acceso al servicio de aborto legal bajo la causal de violencia sexual, porque en niñas menores de 14 años se presume siempre que la concepción ha sido bajo un acto de violencia, pero no fue así. En ese caso se estaría legitimando la maternidad forzada de las niñas en Colombia.

Respecto a la avalancha de manifestaciones en contra de la decisión de la Corte Constitucional, Alexandra Zuluaga sostiene que, en definitiva, el desconocimiento de la autonomía reproductiva como un derecho humano cosifica a las mujeres al convertir su cuerpo en un instrumento forzado a la maternidad. Las decisiones sobre el propio cuerpo son una condición mínima para el reconocimiento del derecho a la libertad y la autonomía de las mujeres. Las mujeres deberíamos tener derecho a decidir sobre el propio proyecto de vida sin injerencias del Estado ni de terceros, la penalización del aborto no solo viola la libertad de la mujer, sino el derecho a la vida, a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la información, la autonomía, la privacidad, y el principio de igualdad y no discriminación”.

Los argumentos de la Sentencia C 055-2022

En nombre del Movimiento Causa Justa expresa que seguirán apostando por la despenalización total, pues la Corte Constitucional a través de su reciente Sentencia C 055- 2022, dio argumentos sólidos para la despenalización del delito:

✔️ El legislador cuenta con otras alternativas menos lesivas distintas a la vía penal.

✔️No se puede imponer una manera específica de proceder

✔️La decisión de procrear o de no hacerlo es un asunto personalísimo que tiene que ver con la autonomía reproductiva, respecto a la cual le está prohibido intervenir al Estado o a los particulares haciendo uso de la coacción o la violencia

✔️La falta de regulación legislativa de la problemática social ha dado lugar a barreras de acceso en los tres supuestos que planteó la Corte en 2006

✔️La tipificación de la conducta se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminación

✔️Las mujeres denunciadas por el delito del aborto consentido, quienes más graves consecuencias sufren en su salud, están expuestas a factores interseccionales de discriminación que las hacen aún más vulnerables.

✔️ La necesidad de una política pública de salud, educación sexual y reproductiva

✔️Seguir utilizando el argumento de la existencia de la vida no permite un óptimo constitucional, acarrea un problema de indefinición, de carácter moral acerca del momento en que inicia la vida.

Y, por último, asevera Alexandra que es necesario reconocer que más del 80% de los abortos suceden en los primeros tres meses de gestación. Si una mujer aborta en el segundo o tercer trimestre del embarazo es por una situación excepcional, precedida por lo general por la desprotección del sistema de salud, como le ocurre a las niñas víctimas de violaciones sistemáticas que no saben que están embarazadas, o mujeres rurales o migrantes que no tienen accesibilidad al servicio o se los niegan. El aborto hasta la semana 24 existe para garantizar el acceso de las mujeres y niñas más vulnerables. La decisión de la Corte Constitucional no es, de ninguna manera, una invitación a que las mujeres practiquen la interrupción voluntaria del embarazo en etapas avanzadas de gestación.  “La lucha es y seguirá siendo por la despenalización social, contra el estigma que existe en torno a este derecho”.

Ilustración por: Ladancé

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