Incremento del salario mínimo en Colombia

Por José Alfonso Ibáñez

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El gobierno de Iván Duque incrementó el salario mínimo en Colombia a partir del 1 de enero de 2022 en 10.07%, y esto lo hacen ver como un hecho histórico nunca imaginado por la clase trabajadora. Lo paradójico del caso es que las centrales obreras se adhirieron a dicha propuesta sin ninguna repulsa en la mesa de concertación salarial y como lobos mansos agacharon la cabeza, perdiendo absolutamente el norte y la realidad del país.

A los que dicen representar a los trabajadores en la mesa de concertación salarial, se dejaron seducir por un porcentaje que les pareció atractivo y no tuvieron la delicadeza de investigar el costo real de la canasta familiar, haciendo shopping de precios de grandes cadenas de hipermercados y plazas de mercado. El DANE y los gremios económicos dentro de su lenguaje neoliberal hacen ver que los efectos colaterales del paro camionero de mediados del año pasado, influyeron en la subida de los alimentos y en general de los precios de la canasta familiar. En nuestro lenguaje proletario decimos que es un falso positivo asegurar que la única causa del alza de los productos de primera necesidad de los hogares colombianos obedeció al paro camionero y a las jornadas de protesta social que se llevaron a cabo en 2021.

Hay otras causas que influyeron de fondo, que representaron indicadores negativos en el alza de los precios y que precarizaron el bolsillo de la clase trabajadora, como quiera que el modelo neoliberal tocó fondo desde antes de la pandemia y el mundo se vio envuelto en una recesión económica de la cual no ha podido recuperarse; finalmente, el Covid-19 lo que hizo fue desnudar el modelo y mostrar la falta de inversión social, particularmente en el caso colombiano, puesto que acá predomina la corrupción, entre otras, según Transparencia Internacional, entidad que mide los índices de percepción de este fenómeno en Colombia y en el mundo. Afirma que la corrupción administrativa se presentó en el 44% de los casos en la contratación pública; la corrupción política se identificó en el 27% de los reportes de casos asociados en el desvío de recursos destinados a la salvaguarda de la vida y la integridad de las personas y al uso de recursos para la financiación de campañas públicas. La corrupción privada se observó en el 19% de los hechos y la corrupción judicial representó el 10%, asociado a todo tipo de corrupción.

En cifras podemos mencionar que los sectores que tuvieron mayor impacto en el 62% de los hechos, se concentraron en estos sectores: 21% en el sector de defensa; el 11% en el sector judicial y 30% en los sectores de educación, ciencia, tecnología, vivienda, ordenamiento territorial y servicios públicos de salud y de transporte.

Contexto del alto costo de vida

El pueblo colombiano lleva décadas pidiendo que haya una verdadera reforma agraria, tema de la agenda de campañas políticas a la presidencia de candidatos neoliberales, los mismos que estando en el poder no han tenido la voluntad política de llevarla a cabo y solo con pañitos de agua tibia han hecho reformas parciales, siempre en procura de satisfacer los intereses de grandes latifundistas y ganaderos del país.

Una de las mal llamadas reformas fue Agro Ingreso Seguro del entonces ministro de agricultura Andrés Felipe Uribe, llamado popularmente Uribito, fiel discípulo del mayor genocida del país, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ese programa o reforma favoreció básicamente a los políticos, grandes hacendados, multinacionales y grupos económicos con subsidios millonarios que ingresaron a sus arcas, pero a cultivadores o aparceros no les representó ningún aporte. Ese adefesio fue acompañado, por supuesto, de expropiación de tierras por parte de grupos paramilitares, tal y como lo viene denunciando el jefe paramilitar Mancuso y recientemente el exgobernador de Córdoba, Benito Osorio, quien fue secretario de gobierno de Córdoba, quien prendió el ventilador en la JEP señalando a políticos y a Fedegan por nexos con paramilitares.

Preocupa aún más que Colombia empieza a presentar problemas graves de seguridad y soberanía alimentarias y que nos puede acarrear una total dependencia de otros países, pues según la Nueva Cultura Alimentaria Greenpeace, a pesar de que Colombia cuenta con producción local y campesina de calidad, en la actualidad se están importando más de 12 millones de toneladas de alimentos como maíz, trigo, algodón, azúcar, papa, entre otros.

Lo cierto es que toda esa problemática incide en el alza de los precios de la canasta familiar, sumada a la gran devaluación del peso colombiano (la segunda mayor del mundo) –en dólares el salario mínimo 2022 disminuyó respecto al 2021, puesto que el año pasado fue de US$ 264,72 y en este es de US$251,2– y que encarecen los precios, disparando la inflación, conllevando a que los ingresos de todo el pueblo colombiano pierdan poder adquisitivo. Otro indicador que influye en el costo de la canasta familiar es, sin duda, el alza de $365 en el precio de la gasolina que se presentó entre diciembre de 2021 y enero del presente año. Hay otro hecho que tiene impactos negativos como la presencia de intermediarios entre el campesino y el comprador final, que pagan mal al productor y venden sus cosechas a mayor precio en las ciudades.

Esos indicadores son los que a la postre se reflejan en la inflación, que, según el DANE, en el periodo 2021 fue del 5.62 %, lo que pone en su verdadero lugar el aumento del salario mínimo del 10.07%, que el gobierno quiere hacer ver como un alza histórica; lo cierto del asunto es que todos los precios están por las nubes, de ahí que dicho incremento del mínimo sea una farsa. Basta con mirar el alza de la carne de res que ha subido en más de un 30%, los servicios públicos han tenido incrementos superiores al 50%; es decir, la inflación reportada no es cierta, con otro ingrediente: este año es electoral y el gobierno con la más baja popularidad de las últimas décadas tiene que mostrar “algo positivo”, replicando campañas de precandidatos que habían dicho públicamente que el salario mínimo debía tener un alza superior al 10%.

Colombia, el país más desigual del mundo 

El anterior panorama acrecienta el ambiente de inseguridad que vive el país: no hay un solo día que los medios de comunicación no muestren el avance de la delincuencia común y el asesinato de líderes sociales, indígenas, estudiantes, sindicalistas, por parte del paramilitarismo y el ejército nacional.

Recientemente, el Banco Mundial mencionó que Colombia ocupa el deshonroso primer puesto en desigualdad entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de ser la segunda economía más inequitativa de América Latina y el Caribe, solamente superada por Brasil. Es hora de pasar la página oscura del poder expoliador y terrorista estatal para dar lugar a un nuevo gobierno que le apueste a la construcción de un país con justicia social e igualdad de género.  

Un comentario en “Incremento del salario mínimo en Colombia

  1. Muy preciso el artículo, y muy dicientes los datos que presenta. A todos los males se suma el que no existe ningún control de precios, y los gremios económicos después de llorar y rasgarse las vestiduras porque aumentó el salario mínimo, hacen un aumento adicional al precio de los artículos, para auto-compensarse las migajas que entregarán a los trabajadores. ¿No sabe de esto la dirigencia de las centrales obreras?

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