La vivienda, un derecho largamente postergado

(El caso Guasimalito)

Por Álvaro Lopera

Estuvieron tres años bajo un puente en condiciones precarias. Los toldos no eran finas carpas sino endebles plásticos negros. Eran 35 familias inicialmente, venidas de muchos rincones de Antioquia y Córdoba. Desplazados, o mejor, desterrados, dejando su territorio y su tierra donde laboraban y de la cual vivían, viajaron hasta encontrarse en Bello, y allí estuvieron sometidos a los vaivenes del clima y del humor institucional en medio de un gran hacinamiento.

Niños, mujeres, ancianos convivían con muchas carencias y la poca comprensión de los vecinos de la vereda Guasimalito, aledaña a la carretera norte en la vía que va al mar, a cinco minutos de Bello. Pocas familias tenían el pan asegurado; tocaba buscarlo y solo algunas de ellas lo lograban trabajando en distintos frentes: construcción, modistería, servicios familiares. Después, y en medio de este duro trajinar, llegarían más familias a engrosar las urgencias. La alcaldía de Bello, desde el primer momento, los vio como algo problemático y al principio solo forcejeó explicando por qué no podían estar allí.

Desarrollarían un proceso de comunicación con los Comités Barriales de Bello, y estos acudirían para brindar solidaridad y visibilizar su situación. En los plantones que se hacían regularmente en el parque de Bello se veían contando su quehacer diario y las dificultades por las que estaban atravesando. Algo se hizo, algo se logró, pero fue insuficiente. Las condiciones sanitarias no eran las mejores. Después llegaría la pandemia con todo su arrebato y esta los pondría en peores condiciones.

Desplazados y revictimizados debajo del puente peatonal de Guasimalito

Cuenta Luz Mery, una de las pocas personas que aún permanece en la vereda, que al final la alternativa era muy compleja: o se inscribían en un programa de vivienda social o serían desalojados por la Policía. La versión de las familias es que el alcalde les habló de una opción poco realista, en tanto ellos tenían que inscribirse en algo llamado ‘semilleros de propietarios’ para lograr una cuota inicial a punta de ahorros, inicialmente haciendo todos los trámites para pagar un arriendo para el cual la Administración aportaría una suma mensual cercana a $540.000, o sea, el inquilino estaría ahorrando este dinero cada 30 días. A esto responde Luz con desdén: “¿Y cómo vamos a arrendar una casa a sabiendas que es una agencia de arrendamientos la que estudia nuestros ingresos y nuestros fiadores, y estos normalmente deben tener propiedad raíz? ¿De dónde vamos a sacar fiadores en una región donde nadie nos conoce?”

La institucionalidad y su comportamiento

Una funcionaria de la Secretaría de Vivienda de Bello explicaba pausadamente que “Bello es el municipio que mejores planes de vivienda tiene en todo el país”. Y a lo arriba dicho por Luz, agregaba que después de ese ahorro, que en dos años sería de $12 millones, el potencial propietario podía solicitar a una de las Cajas de Compensación Familiar un subsidio cercano a $28 millones para una vivienda con un precio cercano a los $140 millones, para lo cual debía contar con un trabajo formal; posteriormente el banco que estudiaría su capacidad económica para solicitar un crédito y pagar el resto de dinero que quedaría debiendo después del ahorro y del primer subsidio de las Cajas de Compensación –algo así como $100 millones-, le podría ofrecer otro subsidio de $28 millones. Pero para ello la persona requería fiadores con capacidad de pago y propiedad raíz.

La segunda opción, la de la Policía, los apabullaba por las conocidas prácticas criminales de desalojo que aplica en todo el país. Nada qué hacer, ganó la amenaza y el hambre. El grueso de familias se disgregó y solo quedaron seis resistiendo, cuyas cabezas tenían ingresos formales o informales; las demás emprendieron el camino del retorno: unas a sus regiones con el desánimo bajo el brazo y otras se dispersaron por el Área Metropolitana y el municipio de Bello, pagando arriendos de cualquier manera, completándose así la revictimización por parte de la Administración Pública.

Lucha por alcanzar un espacio

El camino recorrido para tener un espacio propio estaba lleno de obstáculos: no era posible acceder a una vivienda digna por medios legales, pues así el funcionariado afirmara que los planes de vivienda son muy buenos, en la práctica llevarlos a efecto es imposible. Solo quedaba una pequeña luz al final del túnel: invadir terrenos del Estado.

El poblamiento del Área Metropolitana, desde tiempos inmemoriales, siempre ha pasado por las etapas de la inmigración campesina desalojada y por la toma de territorios de la periferia de las ciudades, especialmente de Medellín. Ahora se agrega que son los grupos delincuenciales de cada municipio los que hacen su agosto vendiendo lo que no es de ellos, es decir, terrenos que pertenecen a las municipalidades y que, por acción u omisión de sus autoridades, estos los adjudican como si fueran los verdaderos propietarios.

El Cerro Quitasol hace parte del corredor ambiental del Área Metropolitana, el mismo que está protegido por la ley y se supone que nadie puede hacer uso de él sin violarla. De este corredor ambiental en el área norte también hace parte el Páramo de Las Baldías, algunos predios de San Félix y de San Pedro de los Milagros, Copacabana, Girardota y Barbosa, con todas sus particularidades geográficas. Es un hecho que el pulmón de esta área geográfica antioqueña está de capa caída por la inmensa tala a la que ha sido sometida, entre otras, por las “soluciones de vivienda” que los actores ilegales le dan a la población que emigra de áreas plagadas de violencia, tanto de distintos departamentos como de las mismas ciudades.

A esas restantes seis familias les llegó la propuesta: pueden tener un predio de 56 metros cuadrados en una zona del Cerro Quitasol, cercana al terminal de Niquía Camacol y lejos del área central de Bello. El costo sería de $2 millones y lo entregarían inmediatamente para empezar el banqueo y la construcción de la futura vivienda.

El nuevo barrio que no se ve en el mapa

Cuando llegamos a los banqueos que están haciendo estas familias, después de haber tomado un bus de la ruta integral del metro en la estación Niquía, una mototaxi que subió por una loma inclinada y haber caminado cuesta arriba cerca de 1,5 kilómetros –sobrepasando el barrio Altos de Niquía–, alcanzamos los bordes del Cerro Quitasol. Desde allí se aprecia un barrio entero de casas muy humildes, cuyos materiales principalmente son tablas, plásticos, y algunas apenas cuentan con materiales de construcción: adobes, hierro, cemento. Se ven cientos de estas sencillas viviendas que están colonizando las laderas del cerro, como hormigas en un pastel, todas ellas compradas de manera similar y con apenas un papel de compraventa entregado por “los muchachos”, como llaman coloquialmente a los integrantes de los grupos ilegales.

En las oficinas de Catastro de Bello corroboraron que no tienen la información de esas construcciones –ni aún se ven en el mapa– cuyos actuales “dueños” son llamados mejoratarios –porque le compraron a alguien a sabiendas que no es realmente el dueño– que algún día pueden ser desalojados, porque “están por encima de la norma que creó el Corredor Ambiental y porque un papel de compraventa de un particular no significa propiedad de nada, salvo de las mejoras”.

Catastro solo inscribe el espacio ocupado para efectos tributarios, esto es, para que los mejoratarios empiecen a pagar impuestos; por ello se incluirán estas propiedades en la actualización catastral que está haciendo el Área Metropolitana. Esa inscripción catastral no le da derecho al habitante a ser dueño del inmueble y menos si es del Estado la tierra en la cual se hizo la respectiva construcción. De acuerdo con los funcionarios de esta oficina, “los bienes del Estado son imprescriptibles e inembargables y un juez difícilmente cederá a un particular en sus demandas”. Sin embargo, para mejorar la apreciación desde la institucionalidad visité la oficina de Planeación municipal.

Allí fui recibido muy informalmente por un funcionario que corroboró todo lo dicho en Catastro; esto es, que hay grandes posibilidades de desalojo y que el municipio tiene suficientes planes para atender a estas personas con el paraguas de la “vivienda de interés social”. Además, de una manera tajante, afirmó lo siguiente: “Hay demasiadas personas que se envejecen diciendo que son desplazados, a pesar de que llevan muchos años en el Área Metropolitana y tienen a sus hijos trabajando, conllevando con ello a que no puedan llamarse desplazados puesto que ya tienen raigambre en una nueva tierra”. Es fácil decirlo sin siquiera hacer un gesto desde la burocracia, lejano a los problemas de millones de hombres y mujeres que viven como zombis en las ciudades después de haber perdido violentamente el nexo con el territorio que los vio nacer y crecer y con el tejido social que allí tenían construido. La indolencia se halla en las oficinas estatales en cabeza del indolente funcionariado pequeño burgués.

La construcción

Las seis familias decidieron emigrar a las colinas de Bello tras haber hecho todas las averiguaciones en la Alcaldía y haber concluido que no tenían ni remota posibilidad de acercarse a las propuestas económicas de la Secretaría de Vivienda. Sobrevivieron 3 años bien que mal debajo de un puente y al final decidieron pagar el dinero exigido por los “muchachos”. Dos de las seis familias han logrado levantar, con un sencillo piso de cemento, sus humildes y riesgosas viviendas. La energía eléctrica y el agua también se la conectan los grupos ilegales con tarifas que van desde $500 mil para el agua, y cerca de $400 mil para la energía; eso sí, cada familia debe entregarles los cables para la transmisión ilegal de energía y los tubos del agua para la acometida que llegará de un nacimiento cercano, y para las aguas negras, teniendo por ello que buscar cada familia otros $2 o $3 millones.

Luz Mery aclara que ninguna familia está en condiciones de hacer un acabado completo de su vivienda –usan plástico en reemplazo de hierro y ladrillos; zinc en lugar de tejas y unos pequeños agujeros en el plástico que harían las veces de ventanas-, en vista de la cantidad de dinero que tienen que buscar, el cual sobrepasa varias veces sus ingresos mensuales, a lo que se agrega la manutención de sus hijos.

Por fortuna la tarea de la construcción que las cuatro familias restantes tiene que hacer no la tienen que pagar, puesto que cuentan con dos oficiales en su seno. Pero aun así la tarea es dura en tanto pueden hacer labores solo en los fines de semana y en medio de unos aguaceros que inundan la tierra en un abrir y cerrar de ojos.

“La idea es pasarnos a vivir en diciembre”, dice Luz con ojos de optimismo. Tiene la seguridad de que no van a tener problemas en mucho tiempo, pues “este es un barrio enorme que tiene hasta casas de material, todas compradas de la misma manera con el documento de compraventa”.

Se disponen a continuar la tarea sin prisa y sin pausa con múltiples problemas económicos y sin auxilios del Estado, pues ni siquiera la ayuda monetaria trimestral, que de acuerdo con la ley debe entregar la Unidad de Víctimas a las familias desplazadas, les ha sido suministrada en este año, agregando nuevos baches a sus ingresos.

Interior de una vivienda parcialmente terminada

En el proceso de construcción de sus humildes ranchos espera la solidaridad de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que los quieran acompañar. El apoyo no es solo dinerario, también puede ser con materiales que los ayude a alivianar un poco la carga económica que amenaza la continuidad de su tarea y de su sueño: trastearse en este diciembre de 2021.

Quien quiera sumarse a esta campaña puede hacerlo a través de una recarga Nequi, por internet o desde el celular, con el número 3135178067, al cual también pueden comunicarse.