Referendo campesino o la lucha por el reconocimiento de derechos

Por Álvaro Lopera

Ilustración de Jaime Montoya

El 17 de diciembre de 2018, en la sede de la ONU, se aprobó la resolución 73/165 –cuyo núcleo es el derecho a la tierra, las semillas, la biodiversidad, la soberanía alimentaria con énfasis en el reconocimiento de sujeto de derechos– denominada ‘Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales’. La resolución está compuesta por 73 considerandos y 28 artículos, y fue consecuencia de una lucha liderada desde principios de este siglo por La Vía Campesina, que es una organización internacional de campesinos con más de 200 millones de afiliados. El gobierno de Colombia se abstuvo, con otros 48 países, aduciendo razones de seguridad nacional. Afortunadamente primó la razón y 119 países votaron a favor.

Antecedentes de la votación

De acuerdo con Naciones Unidas, se define como campesino(a) al sujeto intercultural (sin distingos de edad, sexo y género) involucrado vitalmente en el trabajo directo con la tierra y la naturaleza, inmerso en formas de organización social basadas en el trabajo familiar y comunitario no remunerado o en la venta de su fuerza de trabajo. En este orden de ideas, campesino es no solo aquel que cultiva la tierra, sino también el pescador, el pastor o pequeño ganadero, el minero artesanal, la persona con pequeñas producciones no maderables del bosque o aquella que desarrolla actividades de extracción y aprovechamiento ocasional en comunidades selváticas y rurales.

Los antecedentes de la lucha por esta resolución, que es vinculante para los Estados, se encuentran a la vista: el avance del capitalismo en todos los órdenes de la economía, la explotación inmisericorde del agua y de los suelos, el uso intensivo y dañino de agrotóxicos en los cultivos que también son una amenaza para la salud. La imposición de la agroindustria con el monocultivo como punta de lanza de la destrucción de los suelos. La inserción de semillas transgénicas, el avance de la Organización Mundial del Comercio que intenta prohibir las semillas nativas de los pueblos; la destrucción de bosques para ampliar la ganadería; la agroindustria que quiere un campo sin campesinos pero ahíto de computadores, drones y técnicas informáticas; la discriminación de género y el escaso reconocimiento del papel de las campesinas del mundo, amén de la falta de derechos en todos los países, entre ellos el del acceso a la tierra, la educación y la salud.

Colombia, un país por conocer

En Colombia se suman hechos como el de la pobreza, la violencia y el desplazamiento, un índice Gini de posesión de la tierra, el cual es cercano a 0,92 (cuando 1 es la total desigualdad) y el no reconocimiento del sujeto económico y político denominado campesina(o), pues en el texto constitucional solo aparece una vez dicha denominación, a lo que se suma la falta de derechos reales.

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 1% de los propietarios tienen la mitad de la tierra explotable y el 95% de ellos tienen solo una tercera parte. Según Garay (2009) y Forero (2010), el 12% de las familias colombianas son campesinas y estas cultivan cerca del 57% de la tierra dedicada a la agricultura, y aportan el 62% de la comida al país.

La Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA) afirma en su portal que el total de hectáreas dedicadas a la agricultura familiar campesina y a la agrobiodiversidad es cercano a 14 millones, de los cuales los principales departamentos son: Antioquia, con 1.941.778 hectáreas, Santander (1.004.506), Cauca (948.892) y Cundinamarca con 917.312. Pero, aún así, estamos importando anualmente más de 12 millones de toneladas de alimentos y el 43% de los hogares colombianos –según FAO, 2014– sufre de algún tipo de inseguridad alimentaria.

El referendo necesario

De acuerdo con la Constitución, el referendo es un mecanismo de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía y como tal puede ser un mecanismo de reforma constitucional. Los objetivos del actual, referendo que fue lanzado desde noviembre del año pasado por distintas organizaciones sociales y políticas y que se han difundido profusamente y caminan por todo el país son, entre otros: Comprometer a todas las ramas del Estado en materia de reconocimiento, redistribución y participación en su favor. Reconocer constitucionalmente a las campesinas y los campesinos como plenos sujetos de derecho y como actores claves para el desarrollo social, económico, ambiental y cultural del país; contar con elementos constitucionales que permitan crear condiciones de justicia social; consagrar a nivel constitucional la seguridad y la soberanía alimentarias como fines de la política rural del país; establecer un enfoque de género a través del reconocimiento explícito de las campesinas como plenos sujetos de derechos. La realidad particular, compleja y distintiva de las campesinas no debe quedar invisibilizada en un masculino genérico de rango constitucional, entre muchos más que están implícitos en la resolución de la ONU.

¿Qué reformas se harían a la Constitución?

El Referendo consiste en 8 preguntas, de las cuales 7 buscan reformar los artículos 64,65,66,67,216,226 y 346, y una busca incorporar un nuevo artículo, el 64A. Todas tienen en su seno el reconocimiento de derechos a la tierra, al crédito, a las semillas nativas, a la educación formal y no formal, a no ser obligado a prestar servicio militar, a la protección de la producción nacional. Atacaría la discriminación de la mujer campesina y el Estado se vería conminado a apoyar el uso preferencial del suelo rural para la producción de alimentos, y muchas cosas que definitivamente pondrían a los dueños de la tierra entre la espada y la pared: de ahí la oposición cerril a esta resolución de Naciones Unidas y al referendo, pues el Estado se vería conminado a una reforma en la tenencia de la tierra y a la democratización de todo lo relacionado con el campo, empezando con la eliminación de los múltiples brazos paramilitares que abundan allí desplazando población, saqueando territorios y produciendo narcóticos que tanto alimentan las finanzas nacionales.

Para el 15 de junio de este año debemos tener los 2,5 millones de firmas (que deben ser recogidas con el máximo cuidado y de acuerdo con las instrucciones para no ser rechazadas por la Registraduría) que le exigirían al Estado el compromiso con los campesinos y campesinas de Colombia, y con nuestro alimento y bienestar, algo que parece utópico pero que puede ser logrado con la voluntad y el compromiso de toda(o)s. El llamado es pues a participar activamente en la recolección de firmas y en la concienciación de todo el pueblo colombiano en lo atinente a los derechos de nuestras mujeres y hombres del campo.

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