Movimiento estudiantil y cogobierno universitario en 1971

Por José Abelardo Díaz Jaramillo

Fotos: Universidad Pública Resiste

Los hechos

En 2021 se conmemoran los 50 años del movimiento estudiantil que conmocionó a la sociedad colombiana, al poner en el debate público la crisis universitaria y el errado papel del Estado en el manejo de la misma. Se trató, sin duda, de la más importante movilización protagonizada por estudiantes en Colombia, por razones como el radio de influencia que aquella tuvo y la diversidad de actores que se vieron involucrados en el conflicto (estudiantes, profesores, directivas, Gobierno Nacional, organismos de seguridad). Pese al tiempo transcurrido, los hechos de 1971 se constituyeron en un referente para las nuevas generaciones que han reclamado una educación superior con criterios de calidad, cientificidad y financiamiento estatal.

Los antecedentes de la movilización estudiantil de 1971 deben buscarse en la década previa, la cual estuvo signada por la crítica de los estudiantes al Frente Nacional y por la crisis del sistema universitario colombiano que se proyectó sin fórmula de solución a la década siguiente. La crisis financiera que golpeaba especialmente a las universidades públicas se agravó por el aumento de las universidades privadas, que, para finales de la década de 1960, albergaban el 45 % de la población estudiantil del país. El Estado intentó resolver el caótico crecimiento del sistema universitario, acudiendo a expertos norteamericanos como Rudolf Atcon, quien estableció que la universidad pública debía modernizarse por la vía de la privatización y autofinanciamiento a partir del aumento de las matrículas.

El malestar ocasionado por el Informe Atcon condujo a que, en 1967, el Gobierno presentara una nueva propuesta denominada Plan Básico, elaborada por expertos de la Universidad de California, con el apoyo de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), y el consentimiento de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN). El Plan Básico apuntaba a lograr la racionalización del funcionamiento de la universidad pública bajo premisas como la productividad y la selectividad de los programas académicos al servicio de la demanda empresarial, e insistía en su privatización por medio del alza de matrículas, el fomento de créditos externos y de apoyos de fundaciones norteamericanas para la investigación. Esto último abría la posibilidad de que las universidades pudiesen contratar créditos con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y conseguir ayudas de fundaciones extranjeras como Ford, Rockefeller y Kellogg.

Los reclamos del 71

De la mano con la crítica a la “norteamericanización” de la universidad, vino el reclamo del cogobierno universitario. Si para mediados de la década de los sesenta el sistema de educación superior colombiano –en especial el público– registraba un progresivo déficit fiscal, al final de la década aquel se encontraba sumido en una profunda crisis. Como una forma de remediar la situación, para 1971 las universidades de Antioquia y Valle del Cauca, Industrial de Santander (UIS) y Nacional de Colombia habían contraído préstamos con el BID, lo que ocasionó un malestar que pronto originó la más grande movilización estudiantil registrada en el país hasta ese momento.

Los sucesos ocurridos en la Universidad del Valle en febrero de 1971 (asesinato de Edgar Mejía Vargas y de otros estudiantes) fueron el detonante de una crisis que se extendió a otros lugares del país. Los estudiantes del Valle venían denunciando la presencia de fundaciones norteamericanas al interior y la responsabilidad del decano de Ciencias Sociales en ese hecho. De modo que la exigencia de un nuevo decano y la participación de los estudiantes en su elección, se convirtió en una demanda que, al ser negada, condujo a la declaratoria de paro universitario. A raíz de los hechos del Valle, el presidente Misael Pastrana Borrero declaró el estado de sitio en todo el país. El 4 de marzo los estudiantes convocaron a una huelga nacional que fue atendida en varias universidades. El Gobierno reaccionó aplicando, de nuevo, un uso exagerado de la fuerza: la Universidad de Antioquia fue allanada, con saldo de varios heridos y detenidos; en Popayán fue asesinado el estudiante César Augusto González.

Pocos días después, en un encuentro nacional de universitarios reunido en Bogotá (ese año se realizaron seis encuentros estudiantiles) al que asistieron delegaciones de 30 universidades (todas las públicas y algunas privadas como la Javeriana y los Andes), se aprobó el Programa Mínimo, un documento que constaba de seis demandas: abolición de los Consejos Superiores Universitarios (CSU) y conformación de organismos provisionales de gobierno universitario; financiamiento adecuado de la universidad; conformación inmediata de una comisión evaluadora de la ley orgánica de la Universidad Nacional y del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), así como de los contratos celebrados con entidades extranjeras; retiro de Ocampo Londoño de la Universidad del Valle y ruptura con la Fundación para la Educación Superior (FES); legalización del derecho a constituir organizaciones gremiales autónomas de los estudiantes; reapertura de la Facultad de Sociología de la Universidad Javeriana.

La presión estudiantil obligó al gobierno de Misael Pastrana Borrero a reconocer las fallas en la legislación de la universidad colombiana y la importancia de la democratización de la educación superior. En octubre, el Gobierno promulgó el decreto que estableció las bases de una reforma de los CSU de algunas universidades, aumentando a dos representantes la participación de los profesores y de los estudiantes. A raíz del decreto, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia y la Universidad Industrial de Santander acogieron una fórmula de organización, en la cual sus consejos estarían conformados por nueve miembros: tres representantes de los profesores, tres representantes de los estudiantes, el rector y dos representantes del Gobierno. Se excluía a los gremios económicos, a la iglesia católica y a representantes de algunas autoridades administrativas.

La medida, conocida como el “cogobierno universitario”, despertó la oposición de las administraciones departamentales y de representantes del propio Gobierno central, y provocó agrias disputas entre los propios estudiantes por la definición de quiénes debían ser sus representantes en los CSU. La selección de los estudiantes se hizo por medio de elecciones de listas constituidas por las distintas fuerzas políticas de izquierda que hacían presencia en la universidad.

Significados

La experiencia de 1971 aún sigue siendo objeto de análisis y discusión. Para algunos protagonistas e investigadores, la importancia de aquel acontecimiento radica en que logró hacer visible la crisis del sistema de educación superior de Colombia. Para otros, que se hubiese obtenido el cogobierno universitario –pese a la brevedad de esa experiencia– convierte al movimiento estudiantil de aquel momento en uno de los más importantes de la historia del país. Sin duda, el Programa Mínimo unificó durante un tiempo a los estudiantes y le otorgó una mayor capacidad de presión, aunque, posteriormente, provocó debates que condujeron a divisiones entre los diferentes grupos que conformaban el movimiento estudiantil. Si bien fue tildado por el Gobierno como una expresión minoritaria, el movimiento estudiantil de 1971 logró convocar a un número significativo de universitarios de todo el país. Aquí debe destacarse también la capacidad que mostró el movimiento estudiantil para incluir en la discusión de los problemas de la educación superior y la democracia, además del sector público, a las universidades privadas.

La capacidad de movilización, sin embargo, se fue diluyendo con el paso de los meses; en parte porque, al mezclarse demandas gremiales con posturas políticas que pregonaban cambios estructurales en la sociedad, surgieron divisiones entre los diferentes grupos que conformaban el movimiento estudiantil en torno a la tesis de reforma o revolución.

Aunque se ha señalado que la radicalización ideológica y las acciones violentas de los estudiantes fueron causales del fracaso del cogobierno universitario, también habría que mencionar otras razones como la intransigencia e irresponsabilidad del Gobierno en el manejo de la crisis del sistema educativo, signado por el uso desproporcionado de la fuerza (allanamientos y cierres de universidades, encarcelamiento de líderes del movimiento estudiantil, asesinato de estudiantes, etc.). De cualquier modo, ninguna de las cuestiones que se han divisado como factor explicativo para entender la suerte del movimiento estudiantil de 1971 restan importancia a este como acontecimiento histórico. De hecho, el recuerdo de esa experiencia estará presente en las generaciones de estudiantes que, en las décadas siguientes, retomaron las banderas de la democratización de la universidad y de la sociedad.

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