Los logros de la movilización popular en Chile

Por Edwin Díez

Foto: EFE/ Fernando Bizerra Jr

Chile fue el experimento. Bajo la dictadura de Pinochet, a partir de 1973, se inició al desmonte del Estado keynesiano y el reparto, bajo formas altamente corruptas, de los bienes estratégicos del país a sectores privilegiados tanto de la burguesía civil como militar. De este modo se privatizó lo que otrora eran Bienes Comunes que operaban bajo la figura de bienes públicos y pasaron a manos de transnacionales y empresarios nacionales.

Representó este modelo un alto crecimiento del PIB en Chile, lo cual convocó a otras naciones latinoamericanas para imitar el modelo. Por su parte, las resistencias antineoliberales en las izquierdas organizadas en corrientes denominadas Progresistas y Socialistas Siglo XXI, se tradujeron en Neokeynesianismos y, por tanto, no asumieron el desmonte revolucionario de los Estados nacionales capitalistas, sino que se enfocaron en conservar lo que había sido privilegio pasado como Estado Social de Derecho y sus libertades democráticas. Al tiempo, los gobiernos progresistas buscaron preservar en manos de los Estados esos bienes estratégicos e impedir que se ejecutaran los procesos neoliberales privatizadores.

Este ha sido finalmente el proceso político que las izquierdas marxistas y liberales han tenido como proyecto revolucionario en los últimos 25 años. No ha sido ese caso, sin embargo, el caso chileno. La instauración del modelo neoliberal se ejecutó allí en el marco de la dictadura pinochetista y de los siguientes gobernantes en ejercicio de la Constitución emanada en dictadura.

Así pues, el proceso social en resistencia se viene gestando desde la movilidad social en formas autoconvocadas debido a la total pérdida de la credibilidad en los partidos políticos de centro e izquierda que, durante los últimos 30 años, actuaron fundamentalmente en cogobierno con los gobernantes representantes de las élites herederas de la dictadura. En este escenario aparece la invisibilizada resistencia ancestral Mapuche, que asume dentro de sus postulados la siguiente consigna: “No somos de Izquierda, no somos de Derecha, somos de la Tierra, somos Mapuches”. Esta consigna está antecedida por el principio según el cual los Partidos Políticos no se reconocen como la forma de organización política de los oprimidos y agraviados, al considerarlos como modelo del ejercicio de la política en el Estado que les ha sometido y despojado. Los Mapuches, además, consideran que son una nación y que su modelo de organización social se basa en las Autonomías territoriales de carácter horizontal y no en el modelo jerárquico y vertical del Estado republicano.

En este contexto se da el estallido social de octubre de 2019 con el encuentro de los dos chiles escindidos: la Mapu y el Estado Chile, de sus dos comunidades: la originaria de cultura Tierra y la blanca y mestiza de cultura eurocéntrica. La primera en auge, en rescate de su ancestralidad y en lucha por la liberación de su territorio bajo un régimen estatal chileno que les ha declarado como terroristas, ha encarcelado a sus Lonkos (Cabezas) y Wichafes (Guerreros) y asesinado a jóvenes mapuches destacados como Matías Catrileo y muchos más. Los otros, los de abajo, los comunes, los proletarios, los estudiantes, los jóvenes, los ambientalistas, las feministas y en general las comunidades empobrecidas, silenciadas y reprimidas en la búsqueda de un mejor vivir del que fueron despojados en el ejercicio de la dictadura, están en la búsqueda de sus miles de desaparecidos, en el reencuentro con la memoria de sus miles de ciudadanos asesinados. Cantan nuevamente el canto de sus cantores sociales, Víctor Jara, Violeta Parra, Patricio Manns, Ángel e Isabel Parra, Inti Illimani, Los Prisioneros, Illapu, Quilapayún y su Cantata Santa María de Iquique, recordándoles las masacres pasadas y recientes, y otros tantos cantos, poesías y obras de creación colectiva que en conjunto son movimiento social haciéndose acción en las calles.

Pero si hay un elemento articulador del estallido social no es otro que la derogación de la Constitución vigente que hace perpetua la dictadura. El elemento más representativo de esta Constitución es la Ley de Aguas, que generó todo el proceso de privatización del agua, dejando varadas incluso a las comunidades del norte desértico de Chile. El suministro de estas comunidades proviene de pequeñas fuentes superficiales que nacen del deshielo de los glaciares de la lejana cordillera de Los Andes. Estos pequeños manantiales han sido por siglos fuente para la agricultura y el consumo de comunidades originarias Aymara y otras como el campesinado; pero ahora sus pequeños caudales son propiedad privada que pueden ser vendidos para los recientes monocultivos de aguacates o cualquiera de los agronegocios exportables de frutales, vinos, olivos y otras especies, o simplemente a las empresas mineras extractivistas.

Un fenómeno distinto se presenta en el Sur, territorio denominado como parte de la Walljmapu que posee en abundancia el agua en grandes lagos y ríos que corren caudalosos por las altas precipitaciones y deshielo de glaciares cordilleranos que han sido a lo largo de siglos sujetos sagrados en la cosmogonía mapuche. Privatizados hoy, se destinan a la generación de energía mediante represas. Lo anterior ha representado uno de los mayores conflictos territoriales de carácter ambiental; no solo ha movilizado a las comunidades mapuches sino al conjunto de los chilenos, pues sus territorios se han convertido en la base de uno de los mayores turismos paisajísticos del mundo (véase las luchas contra HidroAysen). La resistencia ambientalista que ha despertado a nivel mundial también se orienta hoy contra Pascua Lama, la megaminera de oro de Barrick Golds, que destruye los glaciares de la cordillera para obtener el agua que necesita en sus procesos mineros.

También se presentó desde la dictadura, y con los posteriores gobernantes, la destrucción de grandes extensiones de bosques nativos, con árboles que tienen más de 2.000 años, para el desarrollo extractivista de plantaciones de especies foráneas de pinos y eucaliptos. Hoy Chile es, de hecho, el segundo productor mundial de madera comercial, todo ello sobre la desaparición en forma extensiva de su limitada fauna y flora y produciendo modificaciones significativas de orden climático ya que el bosque nativo era el soporte de la alta humedad mientras que el monocultivo de coníferas, por lo contrario, absorbe las aguas subterráneas y minimiza las precipitaciones.

Todo esto y cientos de conflictos de orden socioeconómico fueron denunciados a lo largo de muchísimas movilizaciones en las calles clamando educación libre y gratuita, mejores sistemas de salud y pensiones, menores costos en transportes, derogación de leyes lesivas de la vida comunitaria. El gran logro de dichas movilizaciones fue la derogación de la Constitución y la formulación de una nueva encaminada a la equidad social, a los derechos de la Naturaleza, a la declaratoria de Estado plurinacional y otras medidas encaminadas al Buenvivir en la Ñuke Mapu (Madre Tierra).

De no obtenerse un nuevo Pacto Social que atienda a estas reclamaciones, seguramente se agudizarán los conflictos y podría suceder lo impensable.

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