Nuevo atentado contra la Estabilidad Laboral Reforzada

Por Luis Alfonso Ibáñez- Everiel Loaiza

lustración: Tomada de laborinvestigation.blogspot.com

Como una consecuencia directa de la deshumanización y avaricia neoliberal, la salud, en todas sus dimensiones, se ha convertido en un negocio, dejando de ser un derecho y un servicio fundamental. De esta manera los empresarios, junto a los últimos gobiernos colombianos, han emprendido una ofensiva estratégica contra diversos derechos y conquistas de los trabajadores en esta materia, especialmente en lo que respecta a la protección a la salud en el trabajo.

En tal sentido, los trabajadores colombianos estamos frente a un escenario amenazado por una ola de reformas lesivas como los siguientes proyectos de ley: El, 010 que se denomina Reforma a la Salud, y que tiene la finalidad de transformar las EPS en aseguradoras y ofrecer planes únicos de salud, retirar la responsabilidad de las EPS sobre el derecho a la salud y endilgársela a los pacientes; en este proyecto no se habla de enfermedad sino de siniestros como si la salud y la enfermedad fueran un producto sobre el que hay que pagar para acceder, lo cual agravará la crisis sanitaria al dejar la atención a la salud al vaivén de los mercados y las imposiciones de los grandes pulpos del sector. Se suma a éste el proyecto de ley 241 que pretende acabar con la figura de la Estabilidad Laboral Reforzada -ELR, lo que significaría despedir a miles de trabajadores que padecen diferentes patologías de origen laboral y común.

La ELR es una figura contemplada en el artículo 26 de la ley 361 de 1997, que protege a todos los trabajadores que presentan discapacidades o limitaciones físicas o mentales y que para un eventual despido se requiere autorización del Ministerio de Trabajo. No obstante, quienes sean despedidos injustamente o su contrato terminado por razón de su discapidad, o se encuentren en debilidad manifiesta, tendrán derecho a una indemnización de ciento ochenta (180) días de salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones que se estipulan en el código sustantivo de trabajo.

Esta garantía se ha ido materializando por la jurisprudencia de los últimos años y por la vía de la tutela. Muchos trabajadores han logrado su reintegro laboral al ser despedidos injustamente. Pero el empresariado colombiano, a través de algunos senadores del Partido de la U y recientemente del Centro Democrático, pretenden por todos los medios la derogación y/o modificación del artículo 26 de la ley.

Ataques contra la ELR

El primer ataque ocurrió cuando Juan Manuel Santos sancionó el decreto 019 de 2012 en su artículo 137, el cual estipulaba que para despedir al trabajador con ELR que incurriera en una falta causal de despido no requeriría autorización por parte del Ministerio de Trabajo. La Corte Constitucional declaró inexequible este artículo con la Sentencia C744/12.

El segundo se originó en el año 2015, siendo ministro de trabajo el ex dirigente sindical Luis Eduardo Garzón, quien presentó un proyecto de ley que se denominó Pipe 2.0 “Plan de impulso a la productividad y el empleo”. Dicho proyecto tenía como finalidad que el Ministerio de Trabajo presentara una reglamentación para poder legalizar y justificar el despido de un trabajador en condición de debilidad manifiesta y ELR, es decir, la intención era modificar lo estipulado en el artículo 26 de la ley 361 de 1997.

El tercero fue en el año 2016, cuando fue ministra de trabajo Clara López. Ésta presentó un decreto que se denominó de “Confidencialidad”, el cual buscaba adicionar en el capitulo VI del Decreto 1072 de 2015 (decreto único reglamentario) la modificación del artículo 26 en mención.

El cuarto ataque fue precisamente en el mismo período de 2016 por parte del senador del Partido de la “U” Eduardo Pulgar Daza, quien presentó el proyecto de ley 018, que se denominó “Pacto de Productividad”, y en su artículo 8 buscaba la derogación de la ELR.

El quinto se produjo en el año 2018, cuando el Consejo Gremial Nacional –que con su agenda empresarial 2018–2022 tuvo injerencia en el Plan Nacional de Desarrollo- en el artículo 118 de éste quiso introducir un mico que decía lo siguiente: “De no ser posible la reubicación laboral en la empresa donde trabaja, el Ministerio de Trabajo coordinará a nivel nacional una bolsa de empleo con el propósito de lograr la reincorporación a la vida laboral”.

El sexto se realizó en el año 2019, con la ex ministra de trabajo Alicia Arango, que expidió la circular 049 donde fijó los lineamientos institucionales a los inspectores de trabajo para autorizar o negar la terminación de la relación laboral de trabajadores que se encuentren en condición de discapacidad o debilidad manifiesta por razones de salud. El argumento de la ministra se basó en que había un abuso en el uso de las incapacidades médicas laborales.

El séptimo ataque se produjo el pasado 25 de agosto de este año, por intermedio del senador y empresario del Centro Democrático, Gabriel Velasco, quien presentó el proyecto de ley 241 y que tiene como finalidad modificar el artículo 26 de la ley 361 de 1997. El proyecto estipula que un trabajador que se encuentre en discapacidad, si presenta una pérdida de capacidad laboral debidamente calificada y superior al 25%, estará protegido con el fuero a la salud, o sea, que si un trabajador tiene una discapacidad y una calificación inferior al 25% será objetivo de un potencial despido; lo mismo para aquellos que no tengan una calificación o que estén en proceso. Se evidencia que dicho proyecto de ley va en contravía de la Constitución Política y los convenios internacionales de la OIT.

Este último proyecto de ley se aparta de los lineamientos de la Corte Constitucional, que en la Sentencia SU049 /1 dice que no importa que el trabajador tenga una calificación para estar protegido por la ley. En ese sentido, en Medellín, varias organizaciones sindicales, junto con el Comité Intersindical de Salud Ocupacional “COISO”, se unieron y conformaron el Comité de Defensa de la Estabilidad Laboral Reforzada, con el propósito de articular un trabajo a nivel nacional de denuncia y movilización y desde ya se han elaborado escritos dirigidos al Congreso de la República, solicitando el archivo del proyecto por inconveniente.

Los trabajadores estamos conscientes que la precarización del trabajo es todo un cometido de esta élite neoliberal, y por ello nos movilizaremos para defender los derechos adquiridos pero también para llamar a amplios sectores de la población trabajadora informal precarizada a la lucha sin cuartel contra el capital y sus adefesios.

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