Memoria En Disputa

Por José Abelardo Díaz Jaramillo

lustración: Abaldewy bajo la licencia Creative Commons

Lo dicho por el presidente de la república, al referirse al registro creciente de masacres en el país, pone de presente hechos que no deben soslayarse, so pena de contribuir a la debacle moral de la nación. El caso mencionado ejemplifica la importancia del lenguaje para nombrar cosas y dotarlas de sentido.

La operación (cambiar una palabra por otra para referirse a un hecho específico y así restarle su efecto real) es una oportunidad para poner al descubierto intenciones políticas perversas, a la vez que constata la indiferencia ante la tragedia ajena. Que no son masacres sino homicidios colectivos los ocurridos en las últimas semanas, pone de manifiesto el propósito de confundir a la ciudadanía, y casi que obliga a que, como en los tiempos en que Macondo era apenas una aldea, las cosas deban señalarse con la mano para poder ser identificadas y entendidas.

Los eufemismos, lo sabemos, son un recurso al que los políticos suelen acudir. Aquí mismo, en Colombia, no hace mucho hubo un presidente que ordenó a sus subalternos no emplear el termino conflicto armado interno, y en cambio, sí utilizar la expresion terrorismo o amenaza terrorista, para referirse al estado de guerra permanente originado por causas estructurales (pobreza, desigualdad). Para fortuna del país y, en especial, para sus gentes agobiadas por la guerra, aquella artimaña lingüística tuvo su tiempo, y los hechos mismos han desmentido la forzada argumentación.

En la misma dirección se inscribe el negacionismo histórico, que consiste en una acción consciente de intervenir el pasado en función de propósitos variopintos: justificar un orden político injusto, moldear un hecho histórico (hasta el punto de poder borrarlo de cualquier registro), invisibilizar o exagerar la participación de actores específicos, sobredimensionar o imponer valores políticos, económicos y religiosos de ciertos grupos sociales, en detrimento de otros. Este tipo de operación tiene un rasgo particular y es su fina vinculación con formas de poder, como el Estado. De hecho, el negacionismo histórico es fuerte cuando es cultivado abierta o de forma solapada por o desde el Estado (o los gobiernos), en tanto que este dispone de mecanismos (instituciones, medios de comunicación, intelectuales, presupuestos económicos) capaces de imponer una visión del mundo que se ajusta a intereses particulares. Significa, además, que el Estado puede ser factor de olvido, si se lo propone, o lo contrario, una instancia que promueve ejercicios de memoria.

Lo ocurrido en Colombia en los últimos años no ha sido otra cosa que el despliegue de una política de intervención sobre el pasado en sus dos variantes más visibles (historia y memoria), lo que ha dado origen, no sin obstáculos, hay que decirlo, a una memoria emblemática que pretende institucionalizarse, es decir, transformarse en hegemónica por la vía de políticas oficiales e iniciativas de memoria. Así, en poco tiempo Colombia perdió lo mucho o poco que se había alcanzado en torno a temas como la importancia de la verdad histórica sobre el conflicto armado, y una instancia como el Centro Nacional de Memoria Histórica fueron sometidas a un escarnio mediático para entorpecer la labor para la que fue concebida: encontrar en el pasado explicaciones (múltiples, no hegemónicas) al contexto de guerra que ocurrió y existe en el país.

No es casualidad, por tanto, que el Centro Nacional de Memoria Histórica-CNMH sea dirigido por un individuo (Darío Acevedo Carmona) que en distintos escenarios públicos ha negado la existencia del conflicto armado en Colombia, y ha orientado toda la política investigativa del centro (incluyendo recursos económicos) a fortalecer la tesis del sociólogo francés Daniel Pécaut, quien ha señalado que lo ocurrido en el país fue una guerra contra la sociedad, a la vez que ha otorgado a sectores como las Fuerzas Armadas y empresarios la condición de víctimas y no de victimarios.

Ahora bien, reconocer que existe la pretensión de imponer un tipo de memoria no significa, en modo alguno, que, al final, prime o se imponga ese interés. De hecho, lo que suele ocurrir es que en un contexto social se crucen diversas formas de memoria que, en algunos casos, pueden coexistir y dialogar, y en otros, excluirse y confrontar simbólicamente. Se configuran así disputas en escenarios públicos entre memorias dominantes/ hegemónicas y memorias subalternas/ disidentes. Por cierto, la reciente ola de destrucción de monumentos en varios países (y la más reciente en la ciudad de Popayán), ejemplifica de qué modo ciertas sociedades confrontan la manera como se ha evocado el pasado.

Desde hace tiempo, en Colombia se observa, particularmente en el plano de la vida pública de los sectores que fueron golpeados por la guerra, una voluntad por hacer/cultivar la memoria, operando bajo la premisa de que, solo así, podrán constituirse en sujetos de derechos y lograrán recuperar la dignidad perdida. Más que víctimas, se reivindican como seres humanos que reclaman condiciones de existencia basados en la igualdad. Una mirada a esas iniciativas evidencia el interés de no olvidar las experiencias traumáticas y hacer del recuerdo un recurso emotivo para fortalecer sus historias de vida, sus tradiciones y perfilar su papel como actores sociales.

Lugares de memoria como el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá, el Museo Casa de la Memoria en Medellín, el Centro de Memoria del Conflicto en Valledupar (CMC), la Casa de la Memoria de Tumaco y la Costa Pacífica Nariñense, la Casa de la Memoria Triana en Buenaventura, la Casa de la Memoria de El Salado, el Museo Comunitario Tras las Huellas del Placer en Putumayo, el Museo Itinerante de la Memoria de Montes de María o el Salón del Nunca Más en Granada (Antioquia), testifican iniciativas comunitarias e institucionales para pensar la memoria y destacar su importancia social. En la misma dirección, debe mencionarse la Red Colombiana de Lugares de Memoria, una instancia social, comunitaria y participativa constituida por lugares de memoria de origen comunitario y gubernamental.

Tantos ejercicios de construcción / preservación / intervención de la memoria, promovidos desde el Estado y desde los márgenes por sectores de base, ilustran la tesis que señala a la memoria como un campo en disputa, cuyo resultado (siempre reconfigurado, ya que se trata de una disputa no finita y permanente) incide en la visión y actuación de quienes toman parte en los enfrentamientos simbólicos por el pasado.

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