Un Duque disfrazado de Leviatán

Por Santiago Alarcón Serna

Caricatura: Jose

Dentro de la ciencia política y en especial de la teoría del Estado, hemos entendido que este es quizás el momento de la historia en que el Estado parece más oculto, y, pese a su omnipotencia, no se deja ver, como ya bien apuntaba Bourdieu; de hecho, se ha vuelto mucho mayor la complejidad para pensarlo. El Leviatán, al decir de Monedero, se encuentra velado por un sinfín de disfraces, sin embargo, en Colombia parece que el presidente Iván Duque ha decidido usar todos los disfraces de la figura tomada de las historias bíblicas por Hobbes para explicar el Estado.

La democracia es competencia, una competencia que se da entre facciones políticas, pero que en el momento en el que una de estas facciones obtiene un poder tan aplastante que ya no es posible disputárselo, la democracia ha desaparecido. James Madison lo denominó “faccionalismo”, y en buena parte por esto fue creado el sistema de pesos y contra pesos como un diseño institucional complejo que garantiza la no concentración del poder en manos de una sola facción política.

Nuestra Constitución mantuvo la concepción de la competencia; basta con ver el artículo 113 de la misma al definir las ramas del poder público, dejando clara la tradición de la separación y control recíproco entre las ramas del poder público, buscando incluso disminuir el poder que posee el presidente de la República en su relación con los demás poderes del Estado. Sin embargo, el contexto de la pandemia ha profundizado un peligro institucional que ha estado latente en nuestra democracia, y ha sido el de la ruptura del equilibrio de poderes y el sistema de pesos y contra pesos gracias a la concentración de poder en el presidente.

Esta concentración ha sido lograda de a poco por parte del presidente y su partido político. Ya la organización “Transparencia por Colombia” advertía que esta concentración se daba en detrimento de las otras ramas del poder y de las libertades ciudadanas; y es que las otras ramas del poder público dejaron de ser plenamente autónomas, pues se ha logrado que quienes encabezan esas otras ramas sean personas muy cercanas al jefe de Estado, su partido y sus patrocinadores.

Tenemos por ejemplo al Fiscal General de la Nación, el señor Francisco Barbosa, quien antes fue el consejero presidencial para los Derechos Humanos de Iván Duque. En ese cargo, más que defensa de derechos humanos hubo una férrea defensa del presidente ante cualquier cuestionamiento que se hiciera a su gobierno en materia de cumplimiento, respeto y protección de Derechos Humanos.

Además de la Fiscalía, tenemos el caso de la Defensoría del Pueblo. El nuevo defensor, Carlos Camargo, fue compañero en la universidad Sergio Arboleda del ahora presidente, y en realidad no es propiamente la persona más idónea para el cargo, dado que -y dejando de lado su cercanía al jefe de gobierno o sus problemas de cara al manejo de recursos en otras entidades-, Camargo nunca ha ejercido un cargo o labor que esté relacionada con la defensa de los Derechos Humanos, función primordial de la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, los órganos de control, tanto disciplinario como fiscal, también hacen parte del abanico de cercanos de Iván Duque. En la Procuraduría está ahora Margarita Cabello y en la Contraloría Carlos Felipe Córdoba. Cabello renunció en su momento a su cargo como Magistrada en la Corte Suprema de Justicia para ser la Ministra de Justicia de Duque y posteriormente ser nombrada como procuradora; Carlos Felipe Córdoba, el Contralor, ha hecho alianzas con Álvaro Uribe Vélez y mantiene una profunda cercanía con Duque y, además, con el fiscal Barbosa.

Adicionalmente, y como también lo manifestaba en su comunicado “Transparencia por Colombia”, una de las razones para que el poder del presidente de la República hubiese aumentado de forma preocupante ha sido la creciente cercanía del gobierno a las mayorías en el Congreso para garantizar el éxito de iniciativas legislativas y cambios constitucionales.

Esta cercanía se ha logrado no con un diálogo amplio o por su capacidad de generar consensos, como lo prometió en su campaña, sino acudiendo una vez más a la práctica que el presidente tanto criticó de su antecesor Juan Manuel Santos, esto es, la entrega de favores políticos, cargos y demás beneficios a cambio de votos favorables en ciertas iniciativas. Se trata de la llamada mermelada, que ahora habrá cambiado de proveedor, pero la seguimos teniendo en el Capitolio auspiciada por el partido Centro Democrático.

Con la presión de este partido se han propiciado escenarios como la negativa al regreso a las sesiones presenciales, a pesar de las consideraciones de la Corte Constitucional al respecto, o el freno de mano que le han puesto, con algunas dudas sobre la constitucionalidad y legalidad de sus acciones, a debates de control político como la moción de censura al ministro de la defensa nacional.

Finalmente, la pandemia ha permitido una intensificación de la discrecionalidad del poder del ejecutivo. El presidente, en pocos meses, expidió 115 decretos legislativos, y no todos, como lo demostró el control constitucional de la Corte, resultaban ser respuestas a la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19. Esta actividad legislativa sin precedentes, llevada a cabo por el presidente, vino aparejada de una serie de cuestionamientos al poder judicial y a los demás organismos que pudieran encargarse de generar un cierto control y no permitir que se satisfagan intereses particulares por medio de recursos públicos.

Ningún gobierno en la historia del país había contado con tal poder como el de Iván Duque: una mezcla entre la cercanía a órganos de control, un congreso que funge como notario de sus iniciativas y deseos y un estado de cosas dado por la pandemia, que favorecen su cada vez más notable autoritarismo, su indisposición al diálogo, y su sordera ante las necesidades ciudadanas. De esta manera se ha hecho más impositivo y camina por el sendero de un régimen cada vez más parecido a una dictadura que a una democracia.

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