El gobierno Duque pretende profundizar el modelo de negocio para la salud

Por Juan D. Suárez Gómez

Imagen: Tomada de surysur.net

El pasado 25 de octubre de 2020 fuimos testigos de un triunfo histórico en Chile, donde el referendo por el cambio de la constitución de Pinochet que introdujo por primera vez en el mundo el llamado neoliberalismo, aquel modelo socio-económico que convierte los derechos básicos como la salud en un nicho de negocio para el mundo financiero, obtuvo casi un 80% de apoyo por parte de la población. Este triunfo tiene un efecto directo en Colombia, ya que nuestro actual modelo de seguridad social fue parcialmente copiado del modelo de aseguramiento privado en Chile, legado de la dictadura de Pinochet. Este debate es aún más actual por la reforma a la salud que cursa en el Congreso y que es impulsada por el gobierno, el llamado proyecto de ley 010 de 2020, que refuerza aún más el modelo de negocio a la salud que recientemente fue masivamente rechazado en Chile.
El proyecto de ley 010 de 2020 de reforma al sistema de salud, en palabras de la doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, “es un refrito de otras leyes pero su finalidad es política, no cambia absolutamente nada pero le da al gobierno nacional una excusa para mostrar resultados”. El problema de este falso logro del gobierno es que se hace a expensas de la salud de los colombianos, profundizando un modelo donde las entidades promotoras de salud (EPS) continuarán controlando los dineros de la salud y dejando de lado cualquier consideración médica en favor del negocio. Este proyecto crea, incluso, una nueva cuota moderadora si las personas no cuidan su salud. Quiere decir que, si las personas se enferman, la EPS tendrá derecho a cobrar una cuota extra si juzga que el usuario no se “autocuidó”.
Para todos los ciudadanos que debemos acudir al sistema de salud, hay una premisa clara: el problema del sistema de salud es que no garantiza este derecho fundamental. Según informe de la Federación Médica Colombiana, en los juzgados se han puesto más de 3.5 millones de tutelas desde el inicio de la ley 100 en 1993. Se calcula que para el año 2019 los ciudadanos pusieron aproximadamente 210.000 tutelas que exigían tratamientos básicos. Estos datos deben entenderse a la luz de una realidad global mucho más grave, ya que, según el Instituto Nacional de Salud, entre el año 1998 y el 2010 se presentaron aproximadamente 1.200.000 muertes evitables en el país. Todo lo anterior en un contexto donde el déficit del sistema de salud es aproximadamente de $15 billones.
Cuando nació la ley 100, se obligó a las cajas de compensación familiar y el sector cooperativo a formar EPS, mientras le entregaban las pensiones de los colombianos a los grandes emporios financieros. Luego de generar el esquema de fondos privados, empresas financieras como Suramericana de Seguros entraron de lleno en el sector salud convirtiéndose en aseguradores (EPS), que junto con los prestadores de servicios de salud (las que llamamos instituciones promotoras de salud – IPS) se convirtieron en el puntal de un repetido negocio que está mediado por la prestación del “servicio” de salud. La EPS es la que está capacitada legalmente para captar los recursos públicos, mientras la IPS es la que directamente presta el servicio; la EPS se enriquece por la simple intermediación. Así, el sistema de salud funciona como un juego macabro donde dos actores que deberían controlarse entre sí se convierten en aliados para extraer los recursos del Estado. El negocio redondo consiste en controlar tanto al asegurador como al prestador, en un sistema imposible de regular porque, como vuelve a decir la doctora Corcho, “se ha constituido una puerta giratoria entre los directivos de las EPS y el Ministerio de salud, algo que también incluye a la entidad que vigila, la Superintendencia de Salud”.
La creación de las EPS bajo la ley 100 no implicó que los empresarios de la salud invirtieran un peso, sino que los dineros públicos se convirtieron en el capital que ellos aprovecharon para funcionar con base en el pago que debe hacer el Estado por cada usuario. Actualmente se calcula que el sistema maneja un total de 40 billones de pesos, los cuales se convierten en liquidez para el sistema financiero basada en la negación de servicios y del derecho a la salud. En cierta medida podríamos hablar de la existencia de un sistema extractivo, donde los dineros de la salud se convierten en la fuente de riqueza de un sistema rentístico que busca, para ello, cooptar las instancias de decisión sobre la salud y la vida del pueblo colombiano.
Uno de los ejemplos de estas fallas del sistema es Savia Salud, una EPS que nació de una alianza entre la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia y Comfama, y que pretendía subsanar las contradicciones del sistema de salud regido por la ley 100; pero finalmente ante la dura competencia del capital privado fue un experimento fracasado, incluso después de los sucesivos rescates financieros de que ha sido objeto en los últimos años. Como afirma la doctora Corcho, “ejemplos como el de Savia Salud hacen evidente que el problema de la salud en Colombia no es de voluntarismo, sino que es un modelo fracasado que concentra los recursos y evita garantizar el derecho a la salud a los más vulnerables”. Savia Salud se convirtió en una EPS inviable, una de las principales entidades negadoras del derecho a la salud, así como han ido cayendo una a una otras EPS como Saludcoop, Cafesalud y Medimás.
El proyecto de ley 010 que actualmente cursa en el congreso tiene una intención de mostrar al gobierno como un reformador del sistema de salud; sin embargo, si se miran los cambios que trae este proyecto se puede llegar a la conclusión de que profundiza el modelo actual donde las EPS terminan siendo parte del sistema financiero y el derecho a la salud seguirá vulnerado. Como dice la doctora Corcho, “el 95% de los colombianos tienen carné de la EPS, pero estar afiliado no implica tener una atención digna”. Las agremiaciones médicas han venido dando la pelea, pero es necesario que esta movilización se convierta en una bandera masiva por un sistema de salud digno, que deje a los negociantes y especuladores de lado. Ya Chile nos ha mostrado una alternativa.

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