Desplazados y otra vez desplazados

Por Betty Ciro

Fotos: Álvaro Lopera

Casi tres meses cumplen 35 familias habitando debajo del puente de Guasimalito en el municipio de Bello, Antioquia. En un área de dos metros cuadrados se acomodan familias hasta de cuatro miembros. Unos espacios como multiplicados para que pueda ubicarse el camarote, la cocina, una repisa con los zapatos, la ropa, perfectamente encarrada. Las paredes y el techo son de plástico y, como puede inferirse, la privacidad entre familias y más aún en la misma familia es algo imposible. Los servicios más elementales en pleno siglo XXI como son el agua, la energía eléctrica, los servicios sanitarios también están ausentes para estos colombianos.

Estas familias no están allí de vivas, buscando hacerse a una casa, como dirían algunos que lanzan acusaciones sin conocer las razones que los han llevado a enfrentar semejantes condiciones tan degradantes; a lo mejor, nunca les ha tocado enfrentar el desplazamiento como a estas personas.

Todos los refugiados bajo este puente, localizado unos metros antes del Cementerio Jardines de la Fe, son desplazados del Bajo Cauca, el Sur de Córdoba, el Sur de Bolívar, algunos también del Chocó y de Urabá, pero no han sido desplazados una sola vez; algunas de esas familias, como la de Ramiro, ya completan tres desplazamientos desde que en 2012 tuvieron que huir de Tarazá para salvar sus vidas. En aquella ocasión Ramiro fue herido de gravedad, pero afortunadamente fue intervenido quirúrgicamente y logró salvarse para alcanzar a su esposa e hijos que ya habían llegado hasta Santa Rosa de Osos. Pero, como las víctimas del conflicto armado en Colombia son un estorbo para las distintas administraciones, de allí fueron empacados con otras dos familias en una volqueta y descargados en Los Altos de Niquía en Bello.

Con ayuda de familiares se ubicaron en dos piezas que pagaban con el fruto de lo que lograban trabajar: Ramiro en la construcción y Suly, su esposa, en casas de familia o a veces en plantas de confección; y todo ello a pesar de ser reconocidos como desplazados ante la unidad de víctimas, toda vez que realizaron los trámites exigidos: declaración, acopio de documentos, constancias de prensa, de la Fiscalía, de la Policía que certificaban la existencia de los grupos armados en los territorios de los cuales fueron desplazados. Como si no fueran suficientes las escalofriantes cifras publicadas por ACNUR de desplazados en Colombia, que en 2019 ocupó por cuarto año consecutivo el primer lugar en el mundo en víctimas de desplazamiento forzado dentro del mismo país y que, en general, en desplazamiento interno y externo, continúa ocupando el deshonroso segundo lugar, después de Siria.

Tampoco es necesario mucho esfuerzo para explicarse por qué tantos desplazados del Bajo Cauca, una región que se disputan todos los grupos ilegales en función de controlar el negocio de la coca. Según las cifras, el Bajo Cauca aporta el 70% de los desplazamientos masivos del departamento

Llegó la pandemia

La llegada de la pandemia golpeó inclementemente a los más azotados por el sistema y, por supuesto, los desplazados están en el eslabón más bajo. Los pocos jefes de familia que lograban rebuscar un empleo intermitente fueron los primeros que “volaron” al llegar la pandemia. Enfrentados a la presión de los arrendadores, que también sobreviven de milagro, a la falta de comida, y a todas las demás necesidades de una familia, decidieron, con otras personas en su misma condición, desplazarse hasta un terreno vecino a la empresa Conasfaltos para construir unos ranchos y sobrevivir con sus familias.

En casi un mes lograron construirlos, independientes unos de otros; el agua se las aportaba un vecino solidario por medio de una manguera, a diferencia de la dueña de la bomba distribuidora de gasolina, que se ubica al lado de la autopista cerca de los asentamientos, quien no descansaba ni un día de ir a la Policía, a la Alcaldía y a cuanta entidad gubernamental existiera a solicitar que desalojaran a aquellos colombianos de su vecindad.

Pero la presión no solo venía de la doña de la bomba, tampoco el otro poderoso vecino, Conasfaltos, ha parado de exigir a la administración municipal de Bello y a su socio, el alcalde de esta municipalidad, que expulse a estos desplazados, para que no husmeen en sus alrededores.

El 5 de agosto desembarcaron las tropas

Ese miércoles, a plena luz del día, con motosierras al hombro, llegaron las entidades del Estado: Policía, Esmad, Personería, Policía de infancia y adolescencia y procedieron a expulsarlos de los ranchos y a “voliar” motosierra a sus soportes: hoy se pueden apreciar, en algunos de los troncos que permanecen en pie, los cortes perfectos de estos aparatos, tristemente célebres en la historia de Colombia.

Este procedimiento no reparó en niños ni en ancianos ni en discapacitados ni en enfermos, todos por igual fueron empujados y quien se atrevió a filmar el atropello tuvo que amanecer en los calabozos de la Fiscalía, como le ocurrió a Juan y sus hijos. Aunque, seguramente ninguno de los afectados por este operativo conoce la Ley de Infancia y Adolescencia, sí han escuchado que en Colombia los derechos de los niños prevalecen y que por eso mismo existe un sector de la Policía dedicada al cuidado, por así decirlo, de este sector de la población; sin embargo, allí sucedió todo lo contrario, antes que proteger atacaron a los niños.

La administración de Bello olvidó la existencia de la pandemia y obligó a estos desplazados a enfrentar unas condiciones peores que las que estaban padeciendo en sus ranchos.

Continúa la presión

El inspector primero de Policía de Bello, Juan Sebastián Montoya, fue quien recibió la orden de efectuar el operativo de desalojo del 5 de agosto; pero él, consciente de la obligación del Estado de proteger a los niños, a los ancianos y de garantizar el disfrute de los más elementales derechos, se negó a hacerlo mientras no se les brinde a estos compatriotas un lugar digno para vivir, con acceso a los servicios públicos y donde puedan disfrutar de la salud y la educación como obligaciones del Estado.

Sostiene el funcionario público que se debe respetar el principio de Confianza Legítima que consiste en la prohibición en cabeza del Estado de alterar de manera súbita sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue un periodo de transición. Por esta razón, continúa negándose a la orden de desalojar a los desplazados del puente de Guasimalito mientras el Estado no les ofrezca una solución digna.

Mientras tanto, Conasfaltos continúa presionando para el desalojo y la Administración Municipal piensa en llama al Inspector que estuvo a cargo del anterior desalojo, un inspector de espacio público, para que le ejecute la orden que el doctor Montoya se niega a cumplir mientras no se les brinde a las familias una solución digna e integral.

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