La renovación urbana de Medellín o el tsunami de víctimas del “desarrollo”

Por Álvaro Lopera

Planear con pinzas desde la comodidad de un escritorio cómo será el Medellín del futuro impide ver el desastre social que se ocasionará al desplazar a innumerables familias por motivos del “desarrollo”, como eufemísticamente llaman a las obras públicas. Muertes, enfermedades, trastornos sicosociales, depresión, empobrecimiento y múltiples problemas sacados del sombrero de mago de la visión neoliberal del ordenamiento urbano, son los resultados de una planificación inhumana y profundamente capitalista, en donde el hombre y su hábitat son lo menos importante. Solo importa la inversión y la acumulación de riqueza que se desprende de la desposesión de la vivienda urbana tras la ruptura de ese tejido social comunitario elaborado con la paciencia, la sapiencia y el acumulado colectivo de muchos años.

Casa que Habita Julia Pertuz

Barrio La Paralela

“El 1 de agosto de 2019 llegaron muchos policías a la casa de mi madre, no propiamente tocando la puerta sino derrumbándola. Nos habían avisado solo tres días antes para que saliéramos. Sacaron a mi madre, de 99 años, en una camilla y se la llevaron para el albergue que tiene el Municipio en el barrio Prado Centro. A mí me separaron y no me dejaron entrar a la casa. Todos los corotos los echaron en una volqueta. Lo que no se robaron, lo dañaron: la licuadora y la plancha las volvieron añicos. Una platica y una mercancía se me perdió, y mi mamá, a los dos meses, se murió”, contaba con voz quebrada Julio Mazo Pino, habitante del barrio La Paralela.

Llegaron como a todas partes con la parafernalia de los jóvenes profesionales que intentan hipnotizar con su verbo a las distintas audiencias: psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales, todos egresados o estudiantes de universidades públicas. “Habrá acompañamientos hasta el final”, “ustedes se trasladarán por acá mismo y quedarán en mejores condiciones y si no se puede por acá, de todas maneras, quedarán bien”. Estos son los estribillos con que han llegado a todas y cada una de las viviendas que en el futuro serán demolidas para dar paso a la ciudad de las inversiones, del emprenderismo y la innovación.

“Desde el primer momento le dije al ISVIMED (Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín): no quiero plata, dennos una vivienda por acá mismo”. “Claro señor, de eso se trata”. Al final, la expropiación violenta se la hicieron a él y a un hijo que vivía en el segundo piso y al cual todavía le están pagando el arriendo en la casa que le prometieron que iba a ser suya. Su familia es originaria de Caucasia; recorrió medio Medellín hace demasiados años buscando asentarse en alguna parte hasta que llegó a La Paralela. Su padre, que era oficial de profesión, hizo la casa con ayuda de Julio, su único hijo.

–Pero esta casa no vale nada –le dijo Luis Pérez al padre de Julio cuando era alcalde y ya se iniciaba el acoso para que salieran los habitantes de ese sector aledaño a la estación Acevedo del Metro.

–Para usted no, pero para mí es un palacio. Acá tengo a mi gente resguardada del frío, de la lluvia y acá los alimento- le contestó el viejo con gran pundonor y dignidad.

Fue un acoso permanente hasta que en 2016 cayeron como aves de mal agüero. Un funcionario tras otro le decían que se largara, que buscara otra oportunidad. Julio sabía que no la tenía porque el dinero que le ofrecían no era suficiente para comprar otra propiedad por ahí mismo. Al final sigue de palero, “con menos trabajo por esta maldita pandemia”, sin casa, y sin perspectivas de que logre algo bueno para él; a lo que se agrega la muerte de su madre tras haber soportado esa vida oscura en el albergue en donde las palabrotas y la mala atención eran lo más visible para ella, una mujer que había perdido la locomoción y el habla años atrás.

“Para colmo de males solo pagaron, desde agosto de 2019, tres meses de arriendo. Ahora sale todo de mi bolsillo. Los tengo demandados y en la demanda está hasta la muerte de mi madre”.

– ¿Cuándo pagarán?

–No se sabe, pero con ese dinero espero adquirir una vivienda social con un subsidio del Estado.

Lo cierto es que tendrá que pagar una cuota mensual, algo nuevo para él, en el marco del trabajo precario del que vive porque, a sus 64 años, no tiene pensión.

Barrio Doce de Octubre

“Nos cayó el Metro inesperadamente. Perdí una familia de 45 años, que son todos mis vecinos; perdí mi trabajo independiente que tenía con 4 o 5 clientes, a quienes les vendía bolsos. Vivía en el Doce de Octubre desde 1973”. A finales de 2015 le avisaron que necesitaban su propiedad. Benhur Molina, de 57 años, definitivamente no se encuentra a gusto en su nuevo apartamento, pues no tiene amigos, perdió toda ligazón con sus viejos parceros y sufre de tropiezos graves en su economía.

“Primero llegó personal del Metro y con mucha amabilidad nos habló de la importancia de la obra y de que ese gran proyecto iba a beneficiar a toda la comunidad. Después hizo un censo y encontraron cerca de 30 propiedades casi todas de tres pisos. Seis meses después llegaría el ISVIMED y muchos profesionales –psicólogos, abogados, sociólogos– y empezaron a hablarnos de cosas buenas, de que entendían la necesidad de quedarnos por acá, de que íbamos a quedar mucho mejor de lo que estábamos, que contaríamos con acompañamientos psicológicos, los mismos que no le cumplieron ni a los más vulnerables; supe de la muerte de tres personas de la tercera edad y varias enfermas, después de todo ello”. Al final, como en todas las negociaciones en Medellín, la dulce voz de los funcionarios sería cambiada por la burda orden del Municipio: “No se pueden demorar porque los expropiarán y ahí sí peor para todos porque les quedaría un pleito judicial”. Y claro, aparecía en el horizonte aquello que siempre nos han “aclarado” en este país: “es tontería pelear con el Estado”.

Fotos y Resistencia contra el Metro en San Luis: Miguel Ángel Chalarca

Vivía en un edificio de tres pisos de 212 metros cuadrados de área construida. Era una sucesión de la cual la mamá era propietaria del 50% y el resto pertenecía a 8 hermanos. La Lonja, entidad aliada del municipio para avaluar las casas afectadas, informó –un año y medio después- que por ese edificio pagarían solo $379 millones; esta propuesta era muy inferior a lo que inicialmente habían calculado los funcionarios de la Universidad Nacional que los acompañaron casi dos años. Y siempre, como espada de Damocles, les hablaron de que había un presupuesto del cual no se podían pasar. Evacuaría la propiedad en septiembre de 2018.

“¿Me pregunta que si presentamos resistencia? Claro que sí. Muchos nos unimos y empezamos a pelear para que la obra del Metro no se construyera allí, pues había un lote cercano donde podría hacerse. ¿Pero sabe qué pasó? El político Fabio Rivera apareció con trabajadores suyos que vivían por ahí y casa por casa visitó a los propietarios, y nos dividió. Ni la Junta Administrativa Local ni la Acción Comunal hicieron nada por nosotros. Solo quedamos cinco personas resistiendo. Al final los que habían resuelto el problema no se preocuparon por los otros”. Posteriormente, cada grupo familiar haría la negociación con el ISVIMED y a cada uno le dijeron que no informara lo que habían negociado “para evitar suspicacias, envidias y problemas de seguridad”.

“Todo parecía planeado para que nunca nos reuniéramos los afectados: firmábamos el acuerdo de compra en un sitio; cuando volvíamos a firmar otra cosa era en otra institución y así hasta el final. Todo para mantenernos desconcentrados y aislados”.

A mediados de 2017 el ISVIMED informó cuánto iba a pagar. Al principio solo entregaron el 20% para pagar impuestos, desconectar servicios y dejar la propiedad limpia. El Municipio tiene la obligación, después de todo ello, de sacar la propiedad de Catastro, pero resulta que hasta en esto incumplieron, pues muchos aún pagan el impuesto sin tener la propiedad, como aún sucede en La Paralela.

Le entregaron $18 millones en 2019, los que sumaron a $36 millones de subsidio para comprar un nuevo apartamento en Pedregal –un barrio distante de su vivienda– pignorado por el Municipio por 10 años, que lo dejaría con una deuda de $45 millones. De todo el daño causado solo le queda en su haber una demanda de daños y perjuicios contra el Municipio, por afectación de unidad productiva en el hogar.

La 80: el Metro que arrasa con sueños

El Metro de la 80 iniciaría funciones en 2025, afectando directamente en el cruce de la calle Colombia a 117 predios y en el cruce de la calle San Juan a 128 predios, de acuerdo con información del portal Kavilando.

A lo largo de los más de 13 kilómetros que tendrá el Metro, se afectará a más de diez mil negocios. La obra empezó en firme en la calle Colombia en noviembre de 2019 y en San Juan en el mes de octubre de 2020.

Julia Pertuz, de 54 años, esposa del propietario, residente en la calle Colombia y afectada por la obra, afirma que para los 245 predios tienen establecido un presupuesto de $94.000 millones, cortapisa que sirve, como en todas partes donde se negocian las propiedades, para evitar transacciones individuales con esperanzas de precios justos.

A pesar de que la EDU (Empresa de Desarrollo Urbano) asegura estar optimista por el porcentaje de aceptación en compra de inmuebles que tiene el proyecto, Julia tiene una percepción muy distinta respecto de la justicia de la negociación.

“Vivimos en una casa de tres pisos desde hace muchos años –de 378 metros cuadrados de área construida- en la calle 50 con la 78A. En el primer piso tenía un restaurante, en el segundo vivimos con un hijo y le alquilamos a una cuñada, y en el tercero mi esposo tenía un taller de metalmecánica. Hasta 2018 nos aseguraron que no íbamos a ser afectados y en enero de 2019, contradiciendo lo anterior, fuimos notificados de la obra. Somos los últimos informados y somos los primeros que vamos a salir. Por lucro cesante solo nos reconocerán 6 meses”.

En vista de que no iban a ser afectados, su esposo cambió el alcantarillado, haciendo un gasto total de $20 millones en tanto iban a ampliar el restaurante, dinero que se perdió porque cuando avalúan hablan de la vejez de la propiedad más que de las mejoras que se le hacen a ella.

“Al principio hicimos resistencia, plantones, protestas, pero al final todo se despelotó. Nosotros vamos a salir, pues además de lo anterior la presión psicológica es aterradora: quitan la energía cada rato, hay ruido las 24 horas por la demolición de otras casas, atracos, excrementos en la puerta de la casa, todo un acoso. Nos pagaron el metro cuadrado muy barato, mucho menos de $3 millones. No podemos comprar una casa igual por el sector, pues son muy costosas. Ahora arrendamos un apartamento y desde allí seguí con mi restaurante, pero a domicilio”.

La funcionaria que les enviaron nada hizo desde lo social, solo habló desde el principio de papeles para firmar y, al final, después de dimes y diretes, sacó el As bajo la manga: la palabra expropiación y el panorama del pleito con la Administración. Su casa de tres pisos, al final, se transformará en zona verde.

Gentrificación disfrazada de urbanismo

El panorama mostrado anteriormente es reiterativo en todas las obras: el tranvía de Ayacucho generó desplazamiento y daño en innumerables propiedades de barrios cercanos a la obra: San Luis y Miraflores y la quiebra de numerosos negocios de las familias que habían vivido tradicionalmente allí. En el haber de la gentrificación, 4 barrios están oficialmente en la mira para empujar firmemente el proyecto Distrito de Innovación de Medellín: Sevilla, Jesús Nazareno, El Chagualo, San Pedro (parte baja) y, la lideresa social María Elena Pino, afirma que también está en la mira Moravia, como barrio de entrada al centro histórico de la ciudad.

La gentrificación se define como un proceso de transformación urbana que implica la revalorización de un barrio históricamente excluido o pauperizado u otros territorios de similares características que van adquiriendo importancia, con el fin de cambiar su perfil y atraer a pobladores de alto poder adquisitivo, provocando la expulsión o desplazamiento de sus históricos habitantes (por encarecimiento de viviendas, servicios públicos, alimentos, aparición de bandas delincuenciales, expendedores de vicio, atracos, etc.). Estos emprendimientos especulativos son impulsados por corporaciones empresariales o transnacionales y proyectos inmobiliarios que compran propiedades a bajos precios, invierten en infraestructura y provocan una progresiva mejora urbana en beneficio de una élite.

Pues bien, esto último se asimila a lo que el municipio de Medellín, con todos los alcaldes a bordo, pretende hacer con estos cinco barrios populares de estratos 2, 3 y 4, los mismos que ascenderán a una escala superior si sus pobladores son desplazados de su hábitat.

Foto del Metro /Doce de Octubre: Benhur Molina

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s