El acuerdo de Escazú y el nuevo internacionalismo ambientalista en Latinoamérica

Por Juan D. Suárez Gómez

Ilustración tomada de ambienteysociedad.org.co

El 4 de marzo de 2018 se finalizaron las negociaciones del “Acuerdo de Escazú”, llamado así por la ciudad de Costa Rica donde se cerró dicha negociación. Este documento, que consiste en una negociación adelantada entre 33 países de Latinoamérica y el Caribe, oficialmente se denomina “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justica en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”. Este largo nombre encierra una iniciativa que nació desde la Conferencia de las Nacional Unidas sobre Desarrollo Sostenible en 1992, y se convierte en el primer acuerdo internacional en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.

Aunque este acuerdo parezca uno de los tantos que se firman en el contexto de las cumbres internacionales, cabe anotar que el tema de la justicia ambiental merece un capítulo aparte, sobre todo porque de los 212 asesinatos de líderes ambientales que se dieron en el mundo el año pasado, 64 de estas muertes se dieron en Colombia, llegando casi a un 30% del total de líderes asesinados a nivel mundial. Desde el asesinato de Berta Cáceres en el año 2012 en Honduras por su defensa del territorio frente a las hidroeléctricas, hasta el asesinato el pasado 19 de agosto de Jaime Monge Haman, cuidador de los Farallones de Cali y defensor del agua, se hace claro que una de los mayores motivantes para el asesinato de líderes en Colombia y en Latinoamérica es la defensa del territorio y la vida.

El acuerdo de Escazú tiene entre sus objetivos garantizar el derecho de los pueblos a acceder a la información sobre los proyectos que afectan los territorios donde viven y de enfrentar las acciones de los Estados cuando intentan manipular la información y los mecanismos de la justicia. El acuerdo tiene 25 artículos y también consagra la existencia de los conflictos socio-ambientales como una definición que ayuda a entender cuáles pueden ser los intereses contrapuestos entre las comunidades y los agentes que impulsan proyectos extractivos en un región o territorio. En cierta medida, el acuerdo da origen a lo que podría denominarse un proyecto de democratización de las decisiones en torno a la necesidad de defender la vida y los territorios, encargando a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -Cepal de la secretaría del acuerdo.

Uno de los puntos fundamentales del acuerdo es equiparar el derecho a un ambiente sano como un derecho humano fundamental, una lucha que se ha venido dando en el caso de Colombia desde los territorios contra las explotaciones mineras, petroleras o hidroeléctricas que amenazan la vida de las comunidades. El tratado reconoce el marco de existencia de la consulta previa, una herramienta democrática que diversos pueblos en Colombia han venido utilizando como pilar de la movilización social y popular a nivel local; sobre todo porque la consulta acude al principio de la democracia local y directa, donde los pueblos pueden identificar claramente cuándo la vida está amenazada y defenderla se convierte en un imperativo ético.

Ejemplo claro es la población del municipio de Piedras en Tolima, que se opuso desde un inicio a la mina de la Colosa porque quería volver su territorio un botadero de escombros de la AngloGold Ashanti, el gigante corporativo que pretendía tomarse el centro del Tolima para hacer la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo.

La consulta como herramienta democrática ha sido atacada recientemente por mineros, palmicultores y demás entramados extractivistas, puesto que les supone un ataque directo a sus posibilidades de ganancia. Inclusive durante la actual pandemia se intentó generar la posibilidad de hacer consulta previa por medios virtuales, sobre todo porque la consulta ha servido, a pesar de sus limitaciones, como una herramienta popular para el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos y la posibilidad de sobrevivir física y culturalmente. Lo anterior se suma a la existencia, desde 2014, de la llamada “consulta express”, que redujo de 245 a 90 días el plazo para otorgar una licencia ambiental. Los empresarios mineros y petroleros siguen presionando para eliminar la consulta previa o hacerla un trámite inocuo que solo serviría para notarizar el desastre que trae la extracción indiscriminada de recursos.

La relevancia de un acuerdo como el de Escazú se hace aún más evidente cuando, según un informe de 2018 de la Procuraduría General de la Nación, buena parte de los territorios de los grupos étnicos está afectado por títulos mineros otorgados y solicitados durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Frente a estas realidades cabe destacar ejemplos como el de Jericó en Antioquia, una región que tradicionalmente ha sido conservadora, pero que ante la pretensión de la AngloGold Ashanti de desarrollar el proyecto minero Quebradona, reaccionó con la movilización y otras acciones populares a las cuales tuvieron que sumarse los concejos municipales y los alcaldes, pues su propia legitimidad como instituciones estaba puesta en cuestión por la movilización popular.

Desde el acuerdo de Escazú, que aún no ha sido ratificado por Colombia, pasando por la consulta previa que ha devenido en una estrategia de contención del extractivismo, estos mecanismos no deben ser vistos como simples leguleyadas institucionales, las cuales pueden ser impugnadas por los poderosos en los tribunales. La participación directa de los pueblos en las decisiones sobre el futuro de los territorios es la real fuerza que convierte a estos mecanismos en nodos de encuentro, reconocimiento y continua movilización.

Más allá de exponer en tribunales y espacios institucionales la palabra, los pueblos han reconocido que su voz debe ser escuchada, y que no existe mecanismo de contención legal que pueda detenerlo, así los empresarios y políticos que juegan a la puerta giratoria entre los altos cargos públicos del Estado y las corporaciones extractivistas quieran parecer democráticos en sus intenciones de diálogo. La movilización por los bienes comunes y por la propia existencia se juega en cada uno de los territorios, con una conciencia clara de que sus derechos fundamentales se defienden de manera colectiva y organizada, ahora con una mirada global.

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