Matar, justificar, ocultar

Jose Abelardo Díaz Jaramillo

Ilustración tomada de runrun.es

Formas de la infamia

Frases que han hecho historia. Bien podría entenderse la historia de Colombia analizando célebres enunciados de mandatarios en ejercicio, al referirse a situaciones específicas que desnudaban los abusos del poder o el malestar ciudadano. Muchos casos sirven de ejemplo. Quizá los más recordados por los colombianos son las frases pronunciadas por los últimos presidentes de la república, aunque en el imaginario nacional todavía se recuerda aquella expresión “El único preso político en Colombia soy yo”, de Julio Cesar Turbay Ayala. Otras, también celebres: “¡Aquí estoy y aquí me quedo!”, de Ernesto Samper, o “¡El tal paro nacional agrario no existe!”, de Juan Manuel Santos, o la más reciente, del aprendiz de gobernante Iván Duque: “¿De qué me hablas, viejo?”Frases que bien pueden operar como símbolos del cinismo o del cálculo despiadado. Frases que muestran las miserias internas de las que están hechos quienes las pronunciaron.

Entre las frases que se podrían postular para el máximo galardón de la infamia, podrían concursar varias del ex presidente preso Álvaro Uribe Vélez, como “Y si lo veo le voy a dar en la cara, marica” o “Sea varón y quédese a discutir de frente”. En estas frases, por cierto, quizá encontremos pistas para comprender el origen de ese espíritu pendenciero que se ha apoderado de amplios sectores de la población, y que se constata, a modo de ejemplo, en las redes sociales o en comportamientos cotidianos marcados por la agresión verbal y física.

Sin embargo, la frase más recordada del amo de El Ubérrimo es “De seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café”. Para comprender el sentido que posee, se debe ubicar el contexto específico que la hizo posible.

El eufemismo por dentro

Por denuncias interpuestas por familiares y funcionarios del municipio de Soacha, el país tuvo conocimiento de una práctica sistemática de asesinato de jóvenes, cuyos cuerpos se encontraron en fosas comunes en lugares distantes de sus hogares y de sus familias. Enterrados como NN, todos los cuerpos aparecieron en condiciones parecidas: con prendas militares y referenciados como miembros de grupos armados de distinta filiación (guerrillas, bandas criminales).

En ese momento, no se conocía la dimensión cuantitativa y trágica de ese mecanismo de muerte que fue aplicado por miembros de las Fuerzas Armadas, amparados en el Decreto 029 de 2005 del Ministerio de Defensa. Tal decreto establecía la obligación de todas las unidades militares del país de mostrar «positivos» que, a modo de indicadores favorables, transmitieran la sensación de que la lucha contra las organizaciones armadas ilegales se estaba ganando y que, por tanto, la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez era infalible.

Con el paso de los días se fue conociendo la magnitud de lo que estaba ocurriendo (en el entendido de que la política de los «falsos positivos» siguió su curso en medio del develamiento de la misma), a la vez que se comprendió cuál era la estrategia discursiva a la que acudió el primer mandatario y sus secuaces para justificar lo injustificable: “De seguro, esos muchachos no estaban recogiendo café”. En otras palabras, los muertos habían sido ejecutados por la Fuerza Pública, con la prefabricada justificación de que las víctimas participaban en actividades delincuenciales. ¡Mentira! Tanto el presidente de la época -en cuyos dos periodos se cometieron la mayor cantidad de ejecuciones- como la alta dirigencia del Ministerio de Defensa -el jefe de esa cartera ministerial sería, posteriormente, presidente de la nación- tenían conocimiento de lo que ocurría y sabían o sospechaban quiénes eran en realidad las personas asesinadas.

De paso, exterminar pobres

La institucionalidad impuso el término «falso positivo» para referirse a lo que realmente ocurrió: ejecuciones extrajudiciales sistemáticas cometidas por miembros de la Fuerza Pública. En otras palabras, asesinatos de personas en condiciones de indefensión, cometidos por quienes, en teoría, debían velar por la seguridad de aquellos. Si bien no hay cifras precisas, estimativos de distintas fuentes permiten concluir que se estaría hablando de miles de personas asesinadas en diversos departamentos y localidades del país.

Es posible establecer una línea de análisis del significado político y social de los mal llamados «falsos positivos», adicional a la que es predominante -con toda la razón-, la cual establece el sentido propagandístico de la Seguridad Democrática (efectividad). Los «falsos positivos» también se deben entender como un proyecto de control de población por la vía de la ejecución de miembros con características o marcas especiales. De ninguna manera es casual que un alto porcentaje de personas asesinadas bajo la modalidad de «falso positivo» corresponda a jóvenes habitantes de barriadas humildes de las ciudades. Jóvenes que, en el día a día, se enfrentaban a la pobreza y la falta de oportunidades con dignidad y esperanza.

Tiene sentido, entonces, pensar el «falso positivo» como una tecnología de poder con una orientación clasista (eliminar pobres), en la medida en que sus víctimas fueron miembros de sectores específicos de la población. No se trató, de ninguna manera, de una práctica indiscriminada en términos sociales: la mira se puso en individuos fácilmente identificables por su condición social y por sus necesidades vitales (bajos o pocos ingresos, desempleados, etc.). No existe ningún registro de un «falso positivo» cuya víctima sea un miembro de una clase pudiente, por ejemplo.

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