Por Shirly Forero y Lina Álvarez de El Cuarto Mosquetero
Lo que parecía un contagio aislado en la Cárcel de Villavicencio, ha derivado en más de 400 contagiados hasta el momento, sin garantías de seguridad. Inclusive los presidiarios y funcionarios del centro penitenciario se han convertido en propagadores del virus no solo en la ciudad, sino en otras partes del país, por la incompetencia estatal.
El pasado 10 de abril, el Ministerio de Salud informó sobre una nueva muerte por covid-19 en la ciudad de Villavicencio. Posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC confirmó que el fallecido correspondía a un adulto mayor que había sido liberado con anterioridad, pero que días después no resistió a la enfermedad.
Por lo anterior, el INPEC informó que inició un protocolo de emergencia en salud dentro del recinto carcelario y empezó a dialogar con las administraciones municipal y departamental para poder mitigar la emergencia. Sin embargo, al día siguiente, se dio a conocer que otras dos personas arrojaron positivo a covid-19. Los casos corresponden a un hombre que se encuentra hospitalizado y aparentemente estable y el otro, un adulto mayor, del mismo patio que había fallecido el primer recluso, quien fue trasladado de urgencias el 5 de abril al Hospital Departamental, pero dos días después falleció.
El 14 de abril, el gobernador del departamento del Meta informó que lamentablemente habían llegado 15 pruebas positivas de covid-19 y todas correspondían a internos de la cárcel de Villavicencio. Desde esa fecha hasta la actualidad no han dejado de llegar nuevos casos, dejando más de 400 contagiados en una cárcel en total hacinamiento.
Una de las medidas que tomó el INPEC, según comunicado emitido, fue aislar a los adultos mayores y a las personas con enfermedades respiratorias y tuberculosis. Sin embargo, la cárcel de Villavicencio cuenta con 1.786 personas detenidas, de los cuales, especialmente quienes estaban en el pabellón Santander, tuvieron contacto directo y constante con las personas contagiadas, y antes que la propagación se desatara manifestaron estar preocupadas por su estado de salud.
Por ello, Andrés Dussán, recluso del centro penitenciario de este patio y líder de la población LGBT, manifiesta estar preocupado por su estado de salud, ya que ha presentado fiebre y tos; pero cuando se quejó con los funcionarios, le dieron acetaminofén. Tardaron más de 15 días en hacerle la prueba, y todos los días veía cómo sacaban de su celda, y de celdas aledañas, a personas contagiadas, para llevárselas inicialmente a un patio especial. Como el sitio se rebosó rápidamente por el número de contagiados allí, ahora están acomodándolos por celdas. Es decir, si antes los separaban aproximadamente 8 metros de distancia con los casos positivos entre patios, ahora es mínimo el espacio que los separa y con el cual se pretende evitar el contagio por covid-19.
Sí les están implementado las medidas de lavado constante de manos, pero deben escatimar el agua a la hora de bañarse. Algunos sospechan que ya están contagiados. “Me siento con fiebre y dolor en todo el cuerpo, se me dificulta para respirar. Estamos abandonados, sentimos que la Guardia sabe que muchos morirán acá”, manifestó a este medio un interno, quien además considera que no quiere llegar a cortarse los brazos para que lo escuchen, como sí sucedió con un hombre al que, según él, se lo llevaron hace unas semanas del establecimiento, porque al no ser atendido y sentirse muy enfermo, tomó medidas más extremas.
Hace poco, el alcalde Felipe Harman informó que puso a disposición el Centro del Menor Infractor El Yarí, con el objetivo de aislar los “contactos estrechos” para así evitar la propagación del virus. Pero el Instituto de Bienestar Familiar negó la solicitud y, a la fecha, ese espacio todavía no ha sido utilizado. El mandatario, además, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se generen múltiples pruebas de covid-19 y se extremen las medidas de salud pública en el interior del centro penitenciario. Pruebas masivas que empezaron a hacer tan solo hasta tres semanas después de conocer el primer contagio, cuando el Gobierno Nacional informó que asumiría el costo de éstas y que colocaría carpas medicalizadas para atender la emergencia sanitaria.
Las pruebas masivas han permitido conocer que ya hay más de 400 contagios en la cárcel de Villavicencio. Probablemente cuando las personas estén leyendo este informativo, serán muchas más. Empero, estas pruebas no son suficientes, ya que el tiempo que demoran en llegar ha permitido que estén compartiendo en un mismo espacio personas saludables con las contagiadas, y, por ende, cuando llegan los resultados, puede que ese ya no sea el real estado de los internos.
Inclusive, un dragoneante del INPEC manifestó su impotencia por lo sucedido al equipo de El Cuarto Mosquetero: “solo contamos con 1 médico para 1.775 presos; es imposible que pueda atenderlos en todas sus necesidades, tienen al personal privado de la libertad que ya dio positivo por las pruebas también aquí, nos sentimos incapaces frente a la necesidad que tienen ellos tan grande (…) estoy utilizando un tapabocas que fue mandado a hacer con nuestros propios recursos porque no ha llegado nada de protección por parte de la USPEC”. Agregó, además, que su prueba salió negativa, pero le llegó seis días después, tiempo suficiente para haber contraído al virus, al tener que estar en hacinamiento con sus mismos compañeros y tener contacto con presos. Además, no han sido revelados más resultados de pruebas en los guardias desde que se declaró la emergencia.
A la sensación de abandono se suma el actuar rudo de las entidades gubernamentales, así lo dejó saber ‘Sargento’, uno de los recluidos en la cárcel de la capital del Meta tras conversar con este medio: «Hoy nos encontramos condenados a muerte y la única solución que tomó el Estado fue incrementar el pie de Fuerza Militar en los alrededores de la cárcel para que los presos de este establecimiento no intentaran fugarse y que (amenazando que ) al que lo hiciera lo mataran”, declaró el preso.
Así mismo, desde El Cuarto Mosquetero tuvimos contacto con familiares de internos del Patio Colombia, quienes manifiestan que hasta ahora les entregaron tapabocas, a diferencia del pabellón Santander. Y además de que no han podido ver a sus familiares desde hace más de 20 días, para evitar precisamente que se contagiaran, no les permiten entrar alcohol entre los elementos y víveres que pueden entregarles durante el día.
“Necesitamos que les tomen los exámenes pertinentes, sabemos que no es de un día para el otro, pero necesitamos que los aíslen”, nos contó Ana Durán, quien entiende que la preocupación sea mayor hacia los adultos mayores o quienes cometieron delitos menores, pero que no pueden perder de vista a quienes les faltan grandes penas por pagar y a quienes por ahora solo están sindicados y a la espera de la condena. Según Durán, estos representan el 65% de los presos en las cárceles del país. A ella misma le ha tocado convertirse en abogada empírica y estar pendiente de los informes de televisión de este tipo, para luchar por los derechos de su esposo.
La cifra que ella da, sin embargo, es parcialmente cierta si se pone en el contexto local. Y es que, según el tablero de estadísticas del INPEC, de los 132 penales de Colombia que cuentan con 80.928 cupos, los condenados son alrededor de 85.214 -79.490 hombres y 5.724 mujeres-. 35.542 de ellos son sindicados -32.844 hombres y 2.698 mujeres- y están allí esperando lo que determine el juicio. Además, de 190 personas se desconoce en qué estado se encuentra su proceso.
En la cárcel de Villavicencio hay 714 condenados, frente a 1.069 sindicados. Así mismo, en la cárcel CAMIS de Acacías hay 1.048 pagando sus penas, pero 12 sin condena. En Granada hay 117 culpados y 136 a la espera; finalmente, en el centro penitenciario de Acacías hay 2.731 hombres condenados y 45 mujeres frente a 185 hombres y 86 mujeres apenas sindicados.
La falta de canales de comunicación entre las entidades responsables, especialmente del INPEC con los internos y sus familias, ha desatado brotes de disturbios por el miedo y el inconformismo existente, ya que solo hay una carpa medicalizada. Además, manifiestan sentirse olvidados por los funcionarios, que, según los internos, temen acercárseles y cuando llegan es con represión.
Como si fuera poco, los internos sienten que lo que están viviendo es la crónica de una muerte anunciada, puesto que ya se habían manifestado sobre lo que podría pasar: “La vez pasada cuando hubo el enfrentamiento entre internos e Inpec, todo se malinterpretó, nos acusaron de intentar un plan de fuga, pero no lo fue nunca, estábamos pidiendo la colaboración para evitar lo que hoy está sucediendo” finaliza uno de los presos.
El Colectivo: Comunicación Popular 