Por Álvaro Lopera
De la visita que hizo el presidente Duque a Urabá, el pasado 23 de agosto, los colombianos pudimos apreciar en la televisión unas imágenes mostradas en Noticias Uno el 2 de septiembre, que daban cuenta del menosprecio en que el Estado tiene a las comunidades de reclamantes de tierras: se les separó en un salón aparte de los líderes sociales que clamarían por sus vidas y de los empresarios que hablarían de proyectos, se les bajó de las paredes del recinto varios pasacalles y afiches que hablaban de la necesidad de agilizar el programa de devolución de tierras robadas en el marco del conflicto; se les “insinuó” que no hicieran un plantón de protesta si querían ser atendidos y que se quitaran las camisetas que tenían consignas relacionadas con el tema. Cuando Duque pasó al recinto, ordenó que los medios no hicieran cubrimiento del evento.
El trato dado ese día a los campesinos reclamantes parecía destinado a atender a enfermos que podrían transmitir una enfermedad viral y no a las víctimas de la violencia dirigida desde instancias económicas y políticas, estatales y no estatales, que aún permanecen en la sombra. Y todo indica que allí permanecerán, pues no van a entregar sus testimonios en la JEP por obra y gracia de la reforma que se le hizo a última hora a la Justicia Transicional y que fue aupada por el fiscal general Néstor Martínez y aprobada por la Corte Constitucional.
Una historia por contar
La Fundación Forjando Futuros, en el balance de 8 años de la Ley de Restitución de Tierras –ley 1448 de 2011–, muestra que los resultados tras su promulgación son pírricos; las bases de su aprobación consideraban 8 millones de personas que habían sido desterradas de sus predios, y hasta julio 10 de 2018 solo habían salido a la luz pública 3.761 sentencias proferidas por jueces y magistrados en todo el país.
Se había hablado de una meta inicial, a 31 de julio de 2018, de 281.207 casos a restituir, de los cuales solo 6.389 (2,3% de la meta) han sido efectivamente resueltos en sentencias judiciales, lo que se convierte en un rotundo fracaso. De 112.939 solicitudes presentadas, 63% fueron rechazadas por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), unidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
De acuerdo con la información de la Fundación, de los casos resueltos, el 75% no tenían oposición judicial y en el 98% de estos se falló en favor de la víctima, lo que conllevaría a restitución por vía administrativa. Llama la atención que tan solo el 4,6% de los casos atendidos fueron representados en fase judicial por organizaciones de la sociedad civil.
Resultados hasta la fecha
El número de hectáreas restituidas hasta julio 10 fue de 237.679, cuando la meta original hablaba de millones. De todas ellas, 5.213 son predios rurales y la mitad tienen una extensión inferior a 3 hectáreas, la cuarta parte entre 3 y 10 hectáreas, la quinta parte entre 10 y 50 hectáreas y solo el 1% tienen un área superior a 500 hectáreas. A los indígenas solo les han tenido en cuenta 7 resguardos que fueron devueltos, y a los afros, 1 territorio colectivo.
A pesar de ser tan bajo el número de propiedades restituidas, hubo oposición judicial –de parte de los victimarios, ahora mal llamados tenedores de predios de buena fe–. El resultado final esta oposición es también preocupante. Al 38% de ellos, los magistrados les reconocieron beneficios tales como: 480 conservaron la propiedad, a 18 los compensaron con otros predios y 109 recibieron subsidios del Estado.
Situación actual con las reclamaciones
El marco en que se desenvuelve actualmente la lucha por la restitución está decorado con las declaraciones del partido Centro Democrático antes de las elecciones, pues el actual presidente ya había declarado ante los micrófonos que “la mejor política en el agro es la defensa de la propiedad privada y la tenencia de la tierra de buena fe”. Sus palabras están respaldadas por el pensamiento del frustrado contralor, el terrateniente José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, cuando ha expresado de distintas maneras, desde la aprobación de la ley, que “la restitución no es otra cosa sino la cuota inicial del control territorial de ciertos actores armados que creen que pueden volver a hacer de las suyas en el campo y no se los vamos a permitir”.
Mientras tanto caen por todo el país líderes sociales y de restitución asesinados. El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, reveló en el encuentro de Urabá que, desde el 1 de enero hasta el 23 de agosto, han sido asesinados en el país 343 líderes sociales. Antioquia y Cauca son los departamentos más afectados, de acuerdo con la versión dada por el portal del IPC el 27 de agosto.
Las organizaciones sociales y ONG’s relacionadas con este tema también están amenazadas. Concretamente el líder de Forjando Futuros, el abogado Gerardo Vega, tiene en su haber el sentido pésame enviado, según investigaciones hechas por su Fundación, por empresarios agroindustriales cuyos nombres reposan en los entes judiciales y en la prensa nacional, ante lo cual la Fiscalía no ha iniciado ningún tipo de procedimiento penal.
“La verdadera seguridad para los campesinos es cuando hay una real investigación, un desmantelamiento de estos empresarios o bandidos vestidos de empresarios, y que no haya más repetición, porque hay campesinos que tienen la sentencia hace seis u ocho meses y no han podido ingresar a su propiedad”, declaró Carlos Páez, presidente de la Fundación Tierra y Vida, en esa reunión que Duque hizo con los líderes sociales en el Urabá antioqueño.
Lo único seguro hasta el momento es que el desmantelamiento de las acciones contra el campesinado que se obstina en recuperar sus tierras a partir de la ley 1448 no es una prioridad en el actual gobierno.
El Colectivo: Comunicación Popular 