Por Angie Heredia
Desde el lunes 30 de octubre, alrededor de 100 mil indígenas volvieron a tomarse las calles de diferentes regiones del país para protestar por el incumplimiento de numerosos acuerdos pactados con el Gobierno Nacional (de quien exigen voluntad política real) para el mejoramiento de sus condiciones de vida, el respeto a sus territorios y a su autonomía. A esto se suma el reclamo por el cumplimiento del capítulo étnico de los acuerdos de paz y el respeto por la vida de las comunidades indígenas, pues solo en 2017 han sido asesinados 38 comuneros.
El Movimiento Indígena Nacional agrupa 106 Pueblos Indígenas, en 48 organizaciones filiales de la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, junto a otras organizaciones que hacen parte de la Mesa Permanente de Concertación Nacional con los Pueblos y Organizaciones Indígenas de Colombia – MPC como la OPIAC, CIT, Gobierno Mayor y AICO.
Se encuentran movilizados en 25 puntos de concentración (fogones) en los departamentos de Arauca, Meta, Vichada, Casanare, Valle del Cauca, Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó, Antioquia, Huila, Nariño, Putumayo, Cesar, Atlántico, La Guajira, Sucre, Córdoba, Magdalena, Putumayo, Tolima, Norte de Santander, Cundinamarca y Bogotá.
Según Aida Marina Quilcue, Consejera de Derechos Humanos y Paz de la ONIC, la minga fue convocada porque “En tiempos de paz se volvió sistemático el asesinato de los pueblos indígenas, campesinos y afros y por el incumplimiento de los acuerdos que tienen que ver con nuestros planes de vida, que incluyen la educación, la salud, la inversión social”.
Durante los primeros días de la Minga, las organizaciones indígenas exigían del Gobierno Nacional la instalación de un escenario de concertación y negociación, en cabeza del presidente de la República, Juan Manuel Santos.
La respuesta inicial del gobierno fue la represión total a la protesta. Ya el segundo día de la minga se habían registrado siete heridos en la vía Cali-Buenaventura, uno de ellos, José Miguel Dura Varqueño, de la comunidad de Juaquincito en el Naya, fue herido de gravedad por un disparo de truflay en uno de sus ojos.
El 6 de noviembre se instauró por fin la Mesa Nacional de Negociación indefinida, en el resguardo Las Mercedes, territorio del municipio de Caldono, Cauca, con representantes de varios ministerios; los grandes ausentes siguen siendo los ministerios de hacienda y planeación. Allí se viene trabajando por temas, en primera instancia sobre puntos neurálgicos en materia de DDHH como un protocolo de garantías para la negociación, que incluye la no judicialización de los mingueros retenidos, atención progresiva y de reparación a los heridos con secuelas y la seguridad para los mingueros amenazados. Algo fundamental ya que en estos primeros ocho días de minga el balance es de 44 heridos, nueve retenidos, un comunero judicializado y 19 dirigentes amenazados en Chocó, Risaralda, Tolima y Cauca, además de cientos de desplazados Embera en Katrú – Chocó.
Dentro del pliego de peticiones que los líderes entregaron al Gobierno Nacional está que la Unidad Nacional de Protección y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior se comprometa a diseñar políticas de protección individual y colectiva a las comunidades, pues claman “garantías y Derechos Humanos, para que la Paz no nos siga costando la vida”. Los otros puntos tienen que ver con Territorio y Medio ambiente; Paz con justicia social, derecho a la verdad, garantía de no repetición y reparación integral – progresiva; Cumplimiento de acuerdos, entre ellos los del Capítulo étnico del Acuerdo Final; y Garantías Presupuestales a lo largo y ancho del país.
Son casi 1400 acuerdos por cumplir, afirman los dirigentes de la ONIC, que hacen referencia a los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas y buscan contribuir a la construcción de un país más justo e incluyente en unidad con otros pueblos y sectores sociales. Dichos acuerdos fueron firmados tras reiteradas movilizaciones indígenas como las Mingas de 2013, 2015 y 2016. Así como los acuerdos alcanzados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014- 2018, en la Mesa Permanente de Concertación – MPC de los Pueblos Indígenas, y lo pactado en el Capítulo Étnico en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto en el marco de la Comisión Étnica para la paz y la Defensa de los Derechos Territoriales.
Por su parte, en el tema territorial, del que fueron objeto las negociaciones del segundo día de la Mesa de Negociación Nacional, lo que más preocupa es que aún no se firma el Decreto que reconozca al fin a las Autoridades Indígenas como Autoridades Ambientales en sus territorios ancestrales, lo cual se protocolizó en la sesión de la Mesa Permanente de Concertación de los pueblos y organizaciones indígenas, en abril de este año.
Según fuentes de la ONIC, los mingueros aún demandan la voluntad política real y efectiva del Nobel de Paz, pues hasta el momento no se ha delegado personal de alto nivel para las negociaciones, con poder de decisión, ya que se trata de acuerdos incumplidos, y no de algo que se pueda concertar solo con personal técnico.
Las autoridades indígenas saludan que a los cien mil mingueros de la primera semana pasada se sumaron otros miles en la Minga Nacional por la Vida en departamentos como el Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Vichada, Meta y Putumayo, pues, como afirma Aida Quilcue “para nosotros la movilización es una oportunidad de encontrarnos y generar estrategias conjuntas en defensa de nuestros territorios”.
El Colectivo: Comunicación Popular 